Los planes de implantación de grandes cultivos de palma africana en el sur del Cesar, como polo de desarrollo son inviables y considerando el marco jurídico vigente, son ilegales. Esta es la principal conclusión de un estudio promovido por varias ONG con el apoyo de los campesinos que no han querido acogerse a este cultivo.
El estudio, primera aproximación al tema centrado en esta área del país, demuestra la ilegalidad de los cultivos actuales de palma que se desarrollan en las cuencas de los ríos Lebrija y Magdalena que violan entre otras la ley 70 sobre territorios colectivos así como la legislación ambiental, y alerta sobre el riesgo de ocupar áreas forestales protegidas.
Según la investigación, las plantaciones de palma, por sus características, son incompatibles con la función ecológica y social a la que están destinados los terrenos colectivos del sur del Cesar, consignada en el Artículo sexto de la Ley 70.
El estudio advierte cómo, de manera poco transparente, los cultivos de palma se han expandido en el Cesar con argumentos dudosos vinculados al desarrollo y a la protección del medioambiente.
Los campesinos afirman que el estudio hace un recorrido por la historia de estos cultivos en otras regiones productores que nada bien han abonado a la conservación del medio ambiente.
En el sur del Cesar, las partes más pobladas de palma, son San Alberto, San Martín, La Gloria, Tamalameque, Pelaya, Pailitas y Curumaní, regiones donde los campesinos que se oponen a estas grandes plantaciones, no tienen oportunidad de trabajar en el sostenimiento de las siembras por el simple hecho de no compartir el fomento de este nuevo reglón de la agricultura cesarense.