Durante las ocho horas de jornada electoral que se vivió en el departamento del Cesar para la elección del próximo presidente del país, la Fiscalía Seccional Cesar dio a conocer que solamente se dio apertura a una investigación por presunto voto fraudulento en Valledupar.
Se trata de una denuncia interpuesta por una femenina que aseguró que a la hora de ir a votar en la mesa número 5 del Colegio de La Sagrada Familia se percató en el formulario E-11: Acta de instalación y registro general de votantes, los jurados habían registrado el nombre y huella de otra votante diferente al suyo.
En consecuencia, la ciudadana denunció el hecho ante la Fiscalía por considerar que, al parecer, pudo haberse generado una suplantación y una falsedad en el resultado de la votación de dicha mesa.
De generar un resultado la investigación la persona que se vea involucrada en este delito se expone a una condena que oscila entre los cuatro a ocho años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes, según el artículo 391 del Código Penal Colombiano.
“Se desarrolló un certamen electoral con absoluta tranquilidad y sin ninguna alteración en el orden público donde los ciudadanos en el departamento del Cesar pudieron ejercer el derecho al voto. Desde la seccional de acuerdo con el direccionamiento estratégico del fiscal general nuestros funcionarios del CTI se apostaron en los puestos de votación y algunos fiscales atentos a que cada persona ejerciera libremente el derecho al voto”, manifestó Andrés Alberto Palencia Fajardo, director de fiscalías seccional Cesar.
LAS CAPTURAS
Asimismo, la Policía informó la captura de Astrid Carolina Jiménez Cabas, la mujer es requerida por orden judicial por el delito de acto sexual agravado.
Su detención la materializó la Sijín de la Policía Nacional cuando ejercía el derecho al voto en la sede de la Universidad Abierta y Distancia, UNAD, de la ciudad.
Según las autoridades, la mujer es requerida porque presuntamente abusó sexualmente de un niño de siete años de edad.
De igual manera, la Policía Nacional reportó tres incautaciones de publicidad electoral y siete aplicaciones de órdenes de comparendo.