Con un testigo de la defensa se reanudó el juicio del exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, procesado por unas presuntas irregularidades en un contrato de un plan de saneamiento básico de agua potable que firmó durante su periodo administrativo.
En la audiencia se presentó el exdiputado del Cesar Celso Vides Córdoba, quien contó la manera como presuntamente se llevó a cabo el procedimiento por el que cuestionan al mandatario. Agregó además que el proyecto contó con el visto bueno del Concejo Municipal porque cumplió aparentemente con los requisitos exigidos.
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“Eso cumplió con el trámite legal y por eso el Concejo lo aprueba y le da las facultades al señor alcalde para que ejecutara el proyecto. En esa época creo que eran 17 concejales y de esos 15 votaron en favor”, aseguró Vides Córdoba.
El cuestionado contrato, el exalcalde lo celebró el 26 de julio de 2010 con la entonces gerente (e) de Emdupar, Rosa Isabel Cotes Abdala, con el objeto de una cooperación interinstitucional para la ejecución del plan de inversión de agua potable, saneamiento básico, por valor de $36.283.750.098.
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Según la Fiscalía, el municipio cumplió con la obligación de transferirle a Emdupar el monto acordado, pero tanto el Concejo como el alcalde presuntamente incumplieron de forma sostenible las exigencias establecidas en la Ley 819 de 2003.
Por ejemplo, para el ente el empréstito para llevar a cabo el saneamiento básico excedía la capacidad de endeudamiento del municipio, pese a que contó con la aprobación del Concejo Municipal. Además, la administración municipal no dijo cuál sería el costo fiscal a corto, mediano o a largo plazo.
“Ni antes ni durante la gestión del acuerdo que autorizó el empréstito se observó el principio de planeación que está ínsito en toda contratación pública, inclusive ni el municipio de Valledupar y Emdupar tenían definido con mediana claridad qué tipo y cantidad de obras realizarían”, reza la acusación. En consecuencia, el exmandatario es procesado por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.