Irregularidades en sanciones
Tres hallazgos de tipo administrativo, tres con incidencia penal y uno con incidencia fiscal por cuantía de 29 millones 74 mil 500 pesos, arrojó una auditoría gubernamental con enfoque integral realizada a la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valledupar.
De acuerdo con el informe entregado por la Contraloría Municipal, la Secretaría de Tránsito no cumple estrictamente con sus funciones en lo concerniente a imposición de multas a infractores que conducían en estado de embriaguez y cuyos dictámenes, expedidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, resultaron positivos.
No hubo multas: primer hallazgo
La contralora municipal, Alba Luz Trujillo Lobo, reveló que la revisión de los dictámenes de embriaguez en las vigencias 2007, 2008 y 2009, permitió establecer el incumplimiento por parte de las autoridades de tránsito en la ejecución de las sanciones impuestas por violación a las normas de tránsito.
Según la funcionaria, la Secretaría de Tránsito de Valledupar no impuso las multas correspondientes a los infractores, irregularidad que incide en la disminución de los ingresos por concepto de multas y sanciones, recursos que se destina a la ejecución de planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial y fortalecimiento del Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
Entre tanto, la Contralora sostuvo que la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valledupar no realiza los controles y gestiones necesarias para que se adelanten las actuaciones contravencionales a los infractores, ni efectúa pronunciamiento alguno respecto a las irregularidades u omisiones presentadas en la imposición de comparendos por parte de los agentes de tránsito, quienes recibieron los dictámenes de embriaguez en forma inmediata y no presentaron los respectivos comparendos para dar inicio a los procesos contravencionales.
Gestión de cobro ineficiente: segundo hallazgo
De otra parte, la auditoría permitió detectar que en la Secretaría Municipal de Tránsito hay una ineficiente gestión de cobro.
Al revisar una muestra de 100 convenios de pago suscritos entre los infractores y la entidad, se encontró vencido el plazo de seis meses para cumplir con el pago. A 31 de diciembre de 2009, se habían dejado de recaudar 68 millones 441 mil 161 pesos, correspondientes al 60% del total liquidado por multas interpuesta por dictámenes de embriaguez durante las vigencias 2007, 2008 y 2009.
Trujillo Lobo advirtió sobre las implicaciones patrimoniales que generaría el no notificar los respectivos mandamientos de pago, teniendo que decretar la prescripción de las obligaciones contenidas en resoluciones sancionatorias proferidas con ocasión de comparendos por infracciones de tránsito y en los mismos acuerdos de pago.
Suspensión irregular de licencias: tercer hallazgo
El tercer hallazgo pone en evidencia que a ciertos infractores de las normas de tránsito por dictamen de embriaguez, les fue suspendida por dos años la licencia de conducir. Sin embargo, al comparar estos responsables con el SIMIT, se encontró que algunos no registran suspensión del documento y otros aparecen registrados con un tiempo menor al establecido en las resoluciones.