La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición hace sus primeras referencias de los atentados al derecho a la vida con un suceso en el departamento del Cesar en su Informe Final.
“[…] Todos esos antecedentes de denuncia que habíamos hecho de la ONG Minga en el Catatumbo, hoy en día considero que eso también hizo que esas fuerzas armadas de este país de extrema derecha nos ubicaran más rápido”, le dijo un líder sindical al Comité de paz en una entrevista.
“Casi todos los que hicimos denuncia en esa época, cantidad de gente, pues todos fueron masacrados, asesinados, desaparecidos [sic]”, expresó el sobreviviente de un atentado ocurrido en el municipio de Aguachica a finales de 1993.
ASESINATO FALLIDO
La Comisión ha señalado que los atentados al derecho a la vida “son en realidad un asesinato fallido o no consumado, donde muchas personas quedaron heridas e incluso algunas resultaron ilesas, pero con una fuerte y larga afectación posterior”.
En el marco del conflicto armado, muchas veces los sobrevivientes no denunciaron, pero el citado órgano de paz relata que, así como en otro tipo de delitos, cometer estos hechos requiere una planeación.
Pero también conlleva disponibilidad de recursos y esfuerzos orientados a la eliminación de las personas, precisa.
“Perpetrar un atentado requiere conocer a la víctima y sus rutinas, acciones de inteligencia o seguimientos”, que según hallazgos de la Comisión han estado direccionados, principalmente, a defensores de derechos humanos y líderes políticos.
CASOS ‘RECIENTES’ EN EL CESAR
En muchos de los casos se referencian a guerrillas como el Ejército Nacional de Liberación, ELN, grupo que no solo ha atacado a las personas sino también a infraestructuras y a la fuerza pública.
A pesar de que el citado órgano hace referencia a la época más cruda de la guerra interna en Colombia, durante los últimos años EL PILÓN ha reportado casos como estos.
En febrero de 2016, esta casa editorial informó que en el marco de las ‘celebraciones’ de los 50 años del ELN este grupo subversivo dinamitó una torre de energía en el municipio de Aguachica, hecho que dejó sin luz a tres localidades, pero que por fortuna no cobró vidas.
Al poco tiempo detonaron varias cargas explosivas en el puente ubicado sobre la carretera que une a Pailitas con Pelaya, dejando incomunicados a los municipios del sur del departamento. En el hecho no se registraron heridos.
OTROS CASOS
En un contexto diferente, en 2021, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta intentaron acabar con la vida de Ricardo José Rojas en carreteras rurales del municipio de Chiriguaná.
El atentado fue con arma de fuego cuyas balas solo impactaron la camioneta blindada en la que se encontraba y la cual hacía parte del esquema de seguridad entregado por la Unidad Nacional de Protección, UNP.
El reporte de prensa identificaba al hombre como activista de la protección campesina, afrocolombiana, indígena y víctima del conflicto armado.
En 2019, la víctima había denunciado un caso bajo la misma modalidad, cuando era sindicalista de un gremio minero.