El Tribunal Superior Judicial de Bogotá negó la libertad al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante su primer periodo administrativo en el año 2015.
La mañana del miércoles, la juez Susana Quiroz Hernández consideró que no han desaparecido los fines constitucionales mediante los cuales consideraron al mandatario un peligro para la sociedad y de posible conducta de reincidencia que motivaron que fuera cobijado con una detención domiciliaria.
“No es cierto que hayan desaparecido los presupuestos de necesidad, urgencia y proporción, así como tampoco los fines constitucionales de los cuales se soportó. Si bien el procesado, da cuenta de acuerdo a las múltiples entrevistas que presentó de allegados y familiares, que es una persona de reconocidas calidades personales, profesionales y académicas con arraigo conocido y ascendencia política social y económica en la región, lo cierto es que preliminarmente se advierte o revela un presunto desconocimiento de los mandatos constitucionales y legales que debía observar como gobernador del departamento del Cesar”, manifestó la magistrada Quiroz Hernández.
Precisó que con la decisión no vulnera la presunción de inocencia del mandatario, pero sí trata de evitar que, posiblemente, maneje los recursos económicos de la región sin observancia de los principios que gobiernan a la contratación pública.
Esto debido a que, durante la investigación, la Fiscalía Once delegada ante la Corte aparentemente encontró 9 inconsistencias en el contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones.
El documento, firmado cuando Monsalvo era por primera vez gobernador, estaba presuntamente dirigido a beneficiar económicamente al consorcio, por lo que se habría generado un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072. Además, se habría ejecutado con omisiones en los requisitos de ley.
Así las cosas, el mandatario no podrá, por ahora, regresar a su cargo mientras continúa afrontando el proceso penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
LA DEFENSA
El abogado José Luis Barceló Camacho, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, interpuso recurso de reposición aludiendo que presentó elementos de pruebas suficientes para evidenciar que su prohijado no es ningún peligro para la sociedad.
“No podemos tratar la medida de aseguramiento a partir exclusivamente de la gravedad de la presunta conducta punible, la defensa trajo una serie de elementos materiales que demuestran quién es el gobernador, entonces qué es lo que quieren que traigamos”, aseveró Barceló Camacho.
Agregó que con el simple hecho de que su defendido sea gobernador no se puede determinar que sea un peligro para la sociedad.
En respuesta, la juez despachó desfavorablemente el recurso y se mantuvo en la decisión de no revocar la detención domiciliaria.
“No soy un peligro para la comunidad”: Monsalvo
El gobernador Luis Alberto Monsalvo también intervino para reprochar lo determinado por la magistrada e indicó que llevaba 20 años en la política colombiana con el respaldo de los habitantes, lo que ‘refleja’ que no es un peligro para la sociedad.
“Estoy bastante lejos de esa aseveración que hoy me hacen porque si fuera un peligro para la comunidad no tuviera el respaldo que he tenido durante una carrera de 20 años y esta me parece que es una connotación muy especial que hay que destacar, 20 años en este proceso no se improvisa”, dijo Monsalvo.