La investigación de posibles irregularidades habría dejado al descubierto la manera en que, presuntamente, el gerente de la IPS wayuu de La Guajira, Julio César Castillo, y el contador Juan Carlos de la Cruz Ortiz defraudaron a la entidad mediante el desvío de recursos económicos a través de un contrato que celebraron en el año 2015.
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Por lo anterior ambos fueron capturados en un operativo del CTI de la Fiscalía en el vecino departamento y judicializados por los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó los cargos.
No obstante, el ente acusador reveló parte de los elementos materiales probatorios en los que se vería reflejado las inconsistencias en el contrato celebrado entre la entidad de salud y la Alcaldía de Manaure por un valor de $8.000 millones y una ejecución de cinco meses.
El contrato con fecha del mes de junio de 2015 tenía como objeto la recuperación nutricional de unas 8.182 wayuu en estado de vulnerabilidad, mediante la prestación de servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición, además de otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño. Sin embargo, careció de los principios de planeación, transparencia y economía para el cumplimiento de los ideales.
Según la investigación, durante la intervención se apropiaron de 2.839 millones de pesos del dinero público.
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Además encontraron distintas maniobras como que el gerente financiero Julio César Castillo habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de 3.000 millones de pesos y otros $900 millones fueron destinados a la compra de mercados que no se utilizaron.
De igual manera, de los 8.000 beneficiados definidos solamente hubo registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto, así como también se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato que solamente hicieron trabajos esporádicos y que cobraron sumas superiores a $58’000.000.
“En los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de cinco a seis horas entre los pueblos wayuu”, indicó la Fiscalía.
Puntualizó también que la IPS supuestamente no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.