Por Andrés Llamas Nova
La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas en Colombia, es la base fundamental para la reivindicación de las víctimas, y el Gobierno Departamental está obligado a acompañar a estas comunidades con el fin de que se cumpla lo establecido en la norma.
A través de la Oficina Asesora de Paz, la Gobernación del Cesar presentó un informe ante la Procuraduría General de la Nación, para certificar que ha cumplido los aspectos fundamentales de la Ley de Víctimas en el departamento, teniendo como principales aspectos la prevención, protección y asistencia a las víctimas.
Wilfred Torres, Asesor de Paz del departamento, manifestó que “es el compromiso de la administración en cuanto al tema de las víctimas”, refiriéndose al acto de rendición de cuentas a la Procuraduría.
El informe de la Oficina Asesora de Paz resalta 12 aspectos, en el que se destaca la creación del Comité de Justicia Transicional como requerimiento de las víctimas en los diferentes escenarios en donde se ha debatido la implementación de la Ley 1448.
La ejecución de la Ley 1448 en el Cesar ha estado en situaciones complejas, debido a factores como las amenazas a los líderes de restitución de tierras y la petición de garantías por parte de las comunidades que decidieron voluntariamente retornar a sus tierras.
“Los retornos han sido voluntarios y estamos en la fase de acompañar a las comunidades en cuanto a la generación de ingresos”, dijo el Asesor de Paz.
En el último encuentro con los representantes de las víctimas, realizado en Valledupar, los líderes de las mesas de víctimas reiteraron su condición de vulnerabilidad por amenazas de grupos anti restitución. “Si amenazan a un líder, qué pasará con la comunidad entera.
Si me amenazan a mí, están amenazando a la población”, dijo Miguel Antonio Ricardo Serna, representante de la comunidad de El Toco, en San Diego, Cesar.
La Gobernación reafirmó en su entrega de informes al Ministerio Público, la construcción de un Plan Integral de Atención de Prevención y Protección, con el acompañamiento del Ministerio de Interior y con la participación de los representantes de organizaciones de víctimas, debatido y socializado el pasado 10 de marzo en Valledupar.