Seis militares y dos ex AUC fueron asegurados por un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que profirió la medida de aseguramiento contra los uniformados y los postulados de Justicia y Paz, por la muerte de Uriel Evangelista Arias Martínez y Carlos Arturo Cáceres, indígenas kankuamos que fueron presentados ante las autoridades como miembros de las FARC muertos en combate.
Los hechos se remontan al 16 de julio de 2003 cuando tropas de la contraguerilla “Trueno” y “Zarpazo”, adscritos al Batallón de Artillería Número 2, La Popa, llegaron al corregimiento de Guatapurí, jurisdicción de Valledupar, donde retuvieron y dieron muerte a los indígenas luego de que fueran señalados por los integrantes de las AUC, que acompañaban a los militares.
Según las investigaciones el comandante del Batallón la Popa, teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, reportó a sus superiores que Uriel Arias y Carlos Cáceres, hacían parte de una facción guerrillera perteneciente a las FARC, y que además se habían enfrentado a las tropas en desarrollo de la operación ‘Judas’.
Se informó también que los indígenas tenían en su poder un fusil M1, una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38, dos granadas de fragmentación y un radio de comunicaciones de banda de dos metros.
Como coautores responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de municiones de uso privativo de las fuerzas militares, la Fiscalía encargada profirió medida de aseguramiento de detención preventiva, en contra de Publio Mejía Gutiérrez, quien por disposición del Juzgado 6 Penal del Circuito de Bogotá, actualmente está privado de libertad.
La orden también cobija al Teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, quien se encuentra pagando una pena de 30 años de prisión impuesta por el Juzgado Único del Circuito Especializado de Valledupar, el Sargento viceprimero Efraín Andrade Perea, privado de libertad por el delito de concierto para delinquir agravado; el cabo primero Luis Francisco Aragón Buelvas, el soldado profesional Wilson Blanco Pérez y Jairo Antonio Rodríguez Castro, quien actualmente es técnico de helicóptero en el batallón de mantenimiento del Ejército Nacional.
Los ex integrantes de las AUC Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, quien está privado de libertad, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida y Geiber José Fuentes Montaño, condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, también fueron cobijados por la medida interpuesta por el fiscal encargado.