Con dos investigadores del CTI comenzó el juicio oral del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, señalado de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, aplicado en el departamento en el periodo 2012-2015.
Los funcionarios fueron presentados como testigos por el fiscal 11 delegado, Julio Ospino Gutiérrez, quien fue el encargado de comenzar la presentación de los elementos de prueba que tiene en contra del mandatario.
La primera en comparecer ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fue una investigadora por medio de la cual develaron algunas pruebas documentales que rodearon los contratos en el 2015 con la Fundación Kábala y las empresas donde tenían intereses la señora María Angélica Araujo Noguera e Ivis del Carmen Rosado y familiares.
En este se exhibió que en el contrato inicial se programaron 87.400 raciones de comida en la modalidad CAJM a un costo de $1.760 la ración y 58.700 raciones de almuerzo a un costo de $2.330 la ración para 59 días del calendario escolar, por un valor del contrato de $17.145.105.000, del cual hasta el 24 de noviembre de 2015 se ejecutó solamente el 68,44 %.
Según la documentación de la Fiscalía, a la fecha de terminación el operador había presentado facturación por la suma de $15.388.164.580.
La funcionaria judicial también informó la manera cómo realizaron la recaudación de las pruebas documentales, procedimiento del que también informó otro investigador presentado por el fiscal.
No obstante, la audiencia fue suspendida para que en otra oportunidad la Fiscalía continúe con la presentación de testigos.
El ente judicial intentará demostrar que el gobernador valiéndose de su cargo benefició económicamente a un grupo de ciudadanos y ocasionó un millonario detrimento patrimonial a costa del bienestar de la población estudiantil del Cesar.
Sin embargo, la defensa a cargo del abogado José Luis Barceló Camacho, también a su turno presentará más de 10 pruebas con las que intentará desdibujar la teoría del organismo investigador.