El frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Auc, fue uno de los grupos que más desarraigó gente en el departamento del Cesar, con su estrategia anti-subversiva que se convirtió en una desbastadora ‘máquina de matar’ en el centro y nororiente del departamento.
Los miembros de este grupo tenían la orden de amenazar a familiares de sus víctimas directas y en muchos casos estos desplazados nunca volvieron a sus predios, de los cuales algunos terminaron en manos de testaferros de las Auc y otros abandonados o fueron malvendidos.
Detalles del desplazamiento sistemático de los campesinos en la Serranía de Perijá quedaron en evidencia en las dos recientes condenas que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar emitió contra Donaldo José Monzón Pitalúa, desmovilizado conocido como alias ‘Saúl’, quien fue segundo comandante militar del ‘Juan Andrés Álvarez’. El exparamilitar se acogió a sentencia anticipada por el delito de desplazamiento forzado.
De acuerdo con lo consignado en el expediente, lo que inició como control territorial, terminó convirtiéndose en una estrategia de despojo que cobró cientos de vidas y el desarraigo de familias que hoy siguen siendo víctimas del conflicto.
Una de las víctimas es Josefina Bula, a quien no se le olvida el día en que los paramilitares sometieron a su familia, días antes de convertirse en uno de los más de cuatro millones de desplazados por la violencia en Colombia.
En noviembre de 2000, ella no recuerda el día exacto, pero sí que eran las 10:00 de la mañana, cuando hombres con prendas militares rodearon su parcela ubicada en estribaciones de la Serranía de Perijá, en jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar.
“Nos pidieron que les preparamos agua de panela, como yo estaba tan nerviosa ellos me explicaron cómo se prepara un agua de panela de rapidez. Me dijeron que mis hijas estaban muy bonitas, que dónde estaba el ganado y que tenía que acompañarlos a buscar un ternero, el cual mataron ese día para comérselo”, contó a la Fiscalía.
Ella tenía cuatro años viviendo en la finca La Estrella, con su marido y dos hijas, además estaba embarazada y nunca imaginó que por culpa de la violencia iba a tener que abandonar sus 32 hectáreas de tierra, que anualmente producían 600 latas de café, en ese mismo terreno tenía 25 reses y otros animales de corral, sin contar los sueños que como familia había empezado a construir palmo a palmo, como lo hizo con su humilde casa de bahareque.
“Ese grupo se acantonó ese día en la zona y al día siguiente llegaron nuevamente a mi casa y me quitaron tres millones de pesos en efectivo, también me quitaron la moto con los papeles y amenazaron con meterme un tiro.
A mi marido lo cogieron de mensajero para que les consiguiera un burro, que era donde ellos iban a transportar la carne del ternero que mataron”, dijo la desplazada.
El día 26 de ese mes, los paramilitares hicieron un retén en la vía que de las veredas San Ramón y Las Delicias conduce al municipio de Codazzi. Allí hicieron descender de los vehículos a varias personas y asesinaron a Adinael Sanjuan Ríos (recolector de café), a Luis Eduardo Berríos (comerciante de Codazzi), a Manuel Martínez Bajides (conductor), a Manuel Sanjuan y a tres más, entre los que se encontraba un cuñado de Josefina.
Quince días antes de esta masacre, un grupo armado ya había asesinado a Jorge Ospina, Wilber Ospina y William Bustos Perdomo, mediante la misma modalidad; los bajaron de un vehículo en el que se movilizaban, en la vía que de Codazzi conduce a la vereda Altos del Sicarare.
Por esa matanza, Anicia Miranda, otra campesina de la vereda El Guamal, abandonó su finca para irse a vivir al pueblo.
Fue así como el 28 de noviembre de 2000, Josefina y su familia siguió el camino de Anicia; los ocupantes de la finca La Estrella prefirieron huir y así evitar que su sangre corriera impulsada por las balas, como les ocurrió a otros campesinos de la Serranía.
Las incursiones armadas fueron sistemáticas y se extendieron por media década más sobre esta zona en la que confluían guerrilleros y paramilitares.
El 11 de octubre de 2003, a la finca El Porvenir, ubicada en vereda El Guamal de Codazzi, llegó grupo armado que se identificó como de las autodefensas y preguntaron por el dueño de la finca. Una vez salieron, les advirtieron a los que allí se encontraban que si no salían de la finca no respondían por la vida de nadie. De inmediato los parceleros se fueron dejando cultivos de café, cacao, plátano, maíz y los animales de corral.
Por este desplazamiento, Donaldo José Monzón Pitalúa, también conocido como ‘Saúl’, ‘Centella’ o ‘Soldado’, actualmente preso en la cárcel Las Mercedes de Montería, fue condenado a 42 meses de prisión.
Monzón Pitalúa dijo que la incursión armada se hizo por orden del comandante alias ‘Chitiva’ y que para no matar a la familia que se encontraba en la finca El Porvenir, dio un ultimátum y logró que huyeran.
Sobre este caso, la Fiscalía también interrogó a Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, excomandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, quien precisó que fueron 130 hombres bajo el mando de ‘Saúl’ los que hicieron la incursión en la finca El Porvenir.
La lucha territorial de los paramilitares era sanguinaria para restarle espacio a la guerrilla, estos bandos se enfrentaron sin importarles los daños y perjuicios que ocasionaban a los campesinos.
“Tiraban cilindros bombas, donde cayeran las esquirlas de esas bombas afectaban nuestros ranchos, lo cual producía mucho miedo, temor a nuestros hijos, toda esa época fue terrible, ya que esos dos grupos nos atropellaban mucho a los campesinos”, relató Albeiro Gelvis, exadministrador de la finca La Paz, ubicada en la vereda Zorro Cuco, quien fue desplazado el 30 de noviembre de 2003, luego de una matanza paramilitar.
“Dijeron que cuando regresaran no respondían por la vida de nadie, no me tocó otra que coger a mi esposa, mis hijos y salirme. Para la época de los hechos no pude rendir mi declaración por miedo, amenazas, pensaba que si lo hacía vendrían por mí también”, agregó en su declaración a las autoridades.
En otra de las investigaciones de la Unidad Nacional contra los de Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la Fiscalía, alias ‘Saúl’ fue condenado luego de acogerse a sentencia anticipada por el desplazamiento de una familia cerca de Minguillo, corregimiento del municipio de La Paz.
El 8 de julio de 2004, llegó a ese sector un grupo ‘para’ y se llevó al joven Carlos Rondón que fue amarrado junto a otros acusados de robar chivos y vacas. Los pusieron frente a frente, pero el muchacho logró defenderse de las acusaciones que le hacían y convenció a los paramilitares para que lo soltaran, pero de lo que no se salvó él y su familia fue del desplazamiento. Les dieron un plazo de 24 horas para que desocuparan la parcela y así lo hicieron, se fueron a Codazzi, llevándose lo poco que pudieron cargar, dejando animales y cultivos.
´Saúl’ explicó que el 8 de julio de 2004, estaba “haciendo labores rutinarias de las autodefensas” en la parte alta de la Serranía de Perijá, por lo que no pudo haber participado directamente en esa incursión, pero aceptó el crimen por línea de mando al ser el comandante militar del grupo que cometió el desplazamiento.
Admitió que obligaba a los parceleros a salir de sus tierras, uno de los motivos era porque tenían algún parentesco con las personas que eran objetivo militar del grupo o porque simplemente había un rumor de que habían tenido contacto con la guerrilla.
Directriz
En el expediente de ‘Saúl’ está la diligencia de indagatoria rendida por alias ‘Tolemaida’, en la que señaló que como comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ daba órdenes de realizar operaciones contra la guerrilla, control territorial en las áreas urbanas, control y dominio sobre los pueblos, identificación y muerte de los objetivos militares, que eran supuestos guerrilleros, colaboradores y delincuencia común, reconociendo que en la mayoría de los casos muchas personas fueron desplazadas por ser familiares de las personas que los paramilitares asesinaban.
De igual forma está el testimonio de Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, escolta de ‘Tolemaida’ hasta el 23 de mayo de 2002, que fue capturado y al salir de prisión el 10 de diciembre del mismo año, regresó a las Auc como comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ con más de 400 hombres bajo su mando.
En su declaración del 12 de noviembre de 2014, desde la cárcel de Montería, dijo que las operaciones que dejaron a cientos de desplazados consistían en control y dominio de territorio donde operaba el frente y que todas las acciones eran antisubversivas.
“Las autodefensas fuimos un grupo creado ante el abandono del Estado en ciertas regiones del país y de los cuales hubo desplazamientos de personas que tuvieron o tenían vínculos con la guerrilla”, dijo sabiendo que la tragedia de muchos ciudadanos que se convirtieron en desplazados llegó por el solo hecho de toparse en el camino con su grupo armado porque la orden era solo amenazar a los familiares de las personas asesinadas.
¿Qué pasaba con las víctimas de esos asesinatos, de esas masacres, de esas incursiones? Preguntó al desmovilizado la fiscal 63 especializada Nereida Uhía.
“Si no había órdenes para asesinarlos se hacían desplazar en el sentido de que uno los amenazaba que tenían que abandonar el sitio donde nosotros ingresábamos y no regresar porque de lo contrario se asesinaban”, respondió ‘El Samario’.
La Fiscalía ha establecido que el desplazamiento y despojo de tierras no solo se daba con las balas, sino que por vía administrativa los paramilitares también se robaban las tierras de campesinos.
Varios exfuncionarios del Incora, políticos, notarios y algunos testaferros del exjefe del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ han sido acusados por su presunta responsabilidad en el despojo de cientos de hectáreas.
EL PILÓN conoció que el pasado 20 de enero, la Fiscalía vinculó a ‘Jorge 40’ en la investigación por los desplazamientos forzados en la Serranía de Perijá y solicitó las diligencias necesarias para que desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico, rinda descargos en diligencia de indagatoria.
Restitución
El proceso de restitución de tierras en el Cesar avanza pero una de las zonas más relegadas es precisamente la Serranía de Perijá, según explicó Luis Alfonso Ruíz Alegría, director de la Unidad de Restitución de Tierras seccional Cesar- Guajira.
“Cesar en toda su excepción tuvo la problemática de grupos armados y muchos intereses por la comercialización de la tierra que llevó al despojo, hay algunas zonas con más solicitantes como El Copey, Bosconia, La Jagua de Ibirico, Becerril, Chiriguaná y Chimichagua. Nos falta microfocalizar hacia la Serranía de Perijá y estamos en eso mirando la posibilidad de atender las no más de 60 solicitudes de restitución que tenemos en esa zona de Codazzi”, dijo el funcionario.
Detalles del desplazamiento sistemático de los campesinos en la Serranía de Perijá quedaron en evidencia en las dos recientes condenas que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar emitió contra Donaldo José Monzón Pitalúa, desmovilizado conocido como alias ‘Saúl’, quien fue segundo comandante militar del ‘Juan Andrés Álvarez’.
“Si no había órdenes para asesinarlos se hacían desplazar en el sentido de que uno los amenazaba que tenían que abandonar el sitio donde nosotros ingresábamos y no regresar porque de lo contrario se asesinaban”: ‘El Samario’.
Donaldo José Monzón Pitalúa, alias ‘Saúl’.
Por Martín Elías Mendoza