Cumpliendo con el llamado que les había hecho la Procuraduría Regional del Cesar, los alcaldes de este departamento se reunieron en la Mesa de Seguimiento Carcelario y Penitenciario, donde adquirieron compromisos para mejorar la situación que viven los reclusos en los diferentes centros carcelarios.
En esta reunión, que se llevó a cabo ayer en horas de la mañana y con presencia del Secretario de Gobierno Departamental, Manuel Rodolfo Márquez, miembros del Inpec y funcionarios del Ministerio Público, los mandatarios se comprometieron a transferir recursos para atención de la población reclusa en Valledupar, a través de un convenio.
De esta manera, tanto la Gobernación del Cesar, como las Alcaldías Municipales tramitarán ante el nivel central la apropiación de recursos para atacar de fondo el problema. Así mismo, el ente de control le ‘jaló las orejas’ a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que contrata desde el nivel central para atender las necesidades de la Cárcel Judicial y la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por la baja inversión de recursos.
La Procuraduría dejó claro que los mandatarios de los municipios del Cesar deben cumplir con las citaciones a la Mesa de Seguimiento Carcelario y Penitenciario, dado que su presencia es de vital importancia para buscar soluciones a las difíciles condiciones de la población reclusa en el departamento.
En la anterior reunión, más del 80% de los mandatarios municipales incumplieron la cita, por lo que el Ministerio Público les hizo un llamado que sirvió para que se ‘pellizcaran’ y asistieran a la reunión de ayer. A esta sólo faltaron los alcaldes de Codazzi, Becerril y El Paso.
En la mesa de seguimiento se abordan, entre otros temas, las acciones realizadas por los entes territoriales para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, relacionadas con la apropiación de recursos para atender los gastos que demanda el personal interno de las cárceles de Chiriguaná, Codazzi y Valledupar.
Para la Procuraduría General de la Nación, como garante de la protección de los derechos humanos, es importante que los alcaldes del departamento adopten medidas de orden presupuestal necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos carcelarios de su jurisdicción.
Las administraciones tramitarán ante el nivel central la apropiación de recursos para atacar de fondo el problema que se vive en las cárceles del Cesar. De después de Valledupar, Codazzi es uno de los municipios con mayor número de reclusos y es el lugar donde más fugas se presentan.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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