Ante el fracaso en serie de varias audiencias de juicio, como testigos de la Fiscalía para que respondan por los términos del contrato por 36 mil millones de pesos aprobado hace siete años a la empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar, para mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado, la Fiscalía solicitó la aprehensión y conducción del actual alcalde, Augusto Ramírez Uhía, de varios concejales y exfuncionarios de la administración municipal.
A la audiencia que había programado el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar, con funciones de conocimiento para los días 18 y 19 de abril, pero ninguno de ellos asistió, ni mandaron excusa justificando las razones para no atender el llamado que les hicieran por escrito a cada uno de ellos.
La orden de conducción será para el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, (para la época, era concejal), a los exconcejales de Valledupar Leonardo Maya Amaya; al igual que Sandra Luz Cujia Mora (actual secretaria de gobierno municipal), Alba Luz Trujillo Lobo (excontralora municipal), Lilia Ester Mendoza Vargas (exsecretaria de Hacienda), Angelina Milena Mieles y Walter Enrique Oñate Correa (exconcejal). Este último se encuentra privado de libertad con beneficio domiciliario (por otro caso de estafa) y según el juez, le solicitará permiso al Inpec, para que lo traslade al Palacio de Justicia, para continuar el proceso investigativo contra Luis Fabián Fernández, alcalde de Valledupar en el periodo 2009-2011.
La orden de conducción debe ser cumplida para la audiencia programada para el próximo 18 de mayo, a las 2:00 de la tarde.
“Voy a elaborar las órdenes para que la Policía sea la encargada de arrestar a cada uno de ellos y los conduzca hasta el Palacio de Justicia. Es inaudito que personas que fungen como funcionarios públicos e inclusive algunos como entes de control y ostentan mucha dignidad dentro del poder municipal, no atiendan el llamado de la Fiscalía para que asistan al juicio oral. Por ejemplo, el señor alcalde, que el municipio actúa como víctima, no asistió. Admito que tienen mucha ocupación, pero tienen que atender el llamado de la justicia, por cuanto tienen injerencia directa”, advirtió en estrado el Juez de conocimiento.
El caso se debe al empréstito de 36 mil millones de pesos para mejoramiento de acueducto y alcantarillado en Valledupar, aprobado por el Concejo de Valledupar, a través del acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, afectando las vigencias futuras del Municipio, por un tiempo de 19 años, sin contar con autorización del Ministerio de Hacienda ni con la evaluación de una entidad calificadora de riesgos.
El abogado de la defensa, Fredy Gutiérrez Nieves, anunció su disposición de que el proceso llegue a su feliz término y que tiene todos los elementos materiales probatorios para demostrar la inocencia de su cliente; en la próxima vista pública rebatirá los argumentos que tiene la Fiscalía.
Por Abdel Martínez Pérez