En Bogotá, Cúcuta y en el municipio de Pailitas, Cesar, fueron capturadas siete personas con fines de extradición a Estados Unidos por lavado de activos.
Los capturados responden a los nombres de: Flor Marina González Rojas, Hugo Enrique Romero Vargas, Mireya Cabra Translaviña, Geovanny Mosquera Vanegas, Roque Caballero Caballero, Jair Eudoro Ramírez Díaz y Yurgen Gabriel Álvarez.
Los sindican de introducir aproximadamente 15 toneladas de estupefacientes al territorio norteamericano, así como de inyectar a la economía colombiana más de cinco millones de dólares, producto de la comercialización de alcaloides.
Luego de una investigación conjunta iniciada en 2011 entre la Fiscalía General de la Nación, Dijín, Interpol y la oficina en Puerto Rico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos – ICE, se estableció la existencia de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos integrantes fueron identificados e individualizados en Colombia, Puerto Rico y Miami.
Según lo establecido, la organización enviaba cocaína vía marítima a Estados Unidos, y para ello tenía dos estructuras; una encargada de obtener el alcaloide, transportarlo y comercializarlo en el exterior, mientras la otra se encargaba de ingresar el dinero producto de la venta del narcótico a Colombia.
La primera estructura conseguía la logística para enviar la sustancia estupefaciente desde el departamento de Norte de Santander, especialmente desde la ciudad de Cúcuta, al vecino país de Venezuela por vía terrestre, teniendo como sitio de acopio y ubicación estratégica la ciudad de Coro, en el Estado de Falcón, donde zarpaban lanchas rápidas con destino a Puerto Rico y República Dominicana. En estos países, integrantes de la red transnacional comercializaban la droga, la cual era distribuida en su gran mayoría en Miami y Nueva York.
Por su parte, la segunda estructura para lavar el dinero utilizaba empresas fachada ubicadas en Cúcuta y algunas poblaciones de Venezuela, así como algunas cuentas bancarias donde realizaban las consignaciones o a través del transporte físico del dinero por la frontera entre Venezuela y Colombia.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN