Por Andrés Llamas Nova
Ante el pliego de cargos que dictó la Procuraduría General de la Nación al exgobernador del Cesar Cristian Moreno Panezo por encontrar irregularidades en el manejo de recursos para la educación del departamento durante su gobierno, éste aseguró que la entidad no ha hecho juicio alguno y que la información recogida por parte del Ministerio, da para hacer una apertura de proceso disciplinario pero no para una sanción.
El exgobernador aseguró que tanto la persona que ocupa el cargo de gobernador del departamento como la Secretaria de Educación, no manejan las cifras de los estudiantes de los colegios: “Los rectores de las instituciones son los encargados de manejar las cifras, el gobierno no interviene en el registro de matrículas de estudiantes, Si alguna responsabilidad le cabe al gobernador y a la Secretaria de Educación, tiene que ver con la supervisión, los recursos que tiene el departamento son exclusivos para el pago de nómina, todos lo recursos se aplican a atender la nómina para los 6 mil educadores que hay en el departamento” explicó.
Asimismo, dijo que desde mediados de 2011 impuso una denuncia penal contra la Ministra de Educación María Fernanda Campo, y las interventoras ATI internacional y BRAI Ltda, (encargadas de organizar la información sobre los estudiantes registrados en el sistema nacional de matrículas) ante la entonces Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, por falsedad material, falsedad ideológica, fraude procesal, uso de documentos falsos y obtención de documentos falsos.
Moreno Panezo aseveró que está esperando que el actual Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le informe cómo va la denuncia y qué rumbo ha tomado.
Por qué llamaron a audiencia a Moreno?
En la audiencia citada por el Ministerio Publico para el 6 de agosto, también se ha citado a la ex secretaria de Educación de la época, Mariela Solano Noriega, debido a la supuesta manipulación de la cifra de alumnos fantasmas en las bases de datos del departamento.
El texto de la Procuraduría indica que el exgobernador y la entonces secretaria de Educación han sido citados: por remitir información sobrestimada o inexacta al Ministerio de Educación Nacional para soportar la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones – Sector Educación.
Según la investigación de la Procuraduría, el Cesar reporto 187.429 estudiantes matriculados para la vigencia 2010, de los cuales, al menos 30.413 eran inexistentes. Esta situación originó que el departamento percibiera más recursos de los que legalmente le correspondían durante la vigencia 2010, y en consecuencia, se disminuyeran los rubros asignados para el año 2011 por vía del Sistema General de Participaciones – Sector Educación.
La falta ha sido calificada como gravísima por el Ministerio Publico por considerarse recursos públicos para garantizar el derecho fundamental de la educación para los niños y jóvenes del departamento.
El exgobernador Cristian Moreno ya fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación en el 2012, por cambio de destinación de unos excedentes del Sistema general de participaciones.