El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Valledupar con funciones de control de garantías negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento de cuatro funcionarios de la Rama Judicial y dos de la Policía Nacional capturados en Aguachica, sindicado de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por acción y omisión y tráfico de influencias.
La defensa técnica de los procesados había solicitado que la vista pública se llevara a cabo en Valledupar, teniendo en cuenta que, en Aguachica, para él, no había plenas garantías para desarrollarse esa vista pública.
Los detenidos por solicitud de la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal de Santander son los miembros de la Rama Judicial Rodrigo Pérez Mansini, Eduardo Cabello, Luis Fernando Herrera y José Luis Fonseca Jalk. No obstante, el Juez Herrera, solo está sindicado del delito de tráfico de influencia, por cuanto los demás fueron descartados.
Así mismo, se encuentran en poder de las autoridades el intendente de la Policía, Alex Mejía Villamizar, adscrito a la unidad básica investigativa y el patrullero de la misma institución, Alexi Nieto.
Estas personas, según precisaron en la audiencia que se llevó a cabo en la mañana de ayer en una de las salas del cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar, se encuentran detenidos en una celda de la cárcel municipal de Aguachica, desde el mes de noviembre del año anterior.
La juez desestimó los argumentos presentados en estrado por el abogado defensor manifestándole que no compartía el argumento de que en Aguachica no haya garantías, al tiempo que le sorprendió que los jueces de esa municipalidad y de otras poblaciones circunvecinas se declaren impedidos para continuar con esa diligencia judicial.
“Eso no tiene ningún asidero”, declaró la juez, al señalar que en Valledupar no se podía realizar esa audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento por factor territorial, razón por la cual devolvió la carpeta del proceso para el centro de servicios del Palacio de Justicia, para que la diligencia se haga en Aguachica.
Las acusaciones
Según la denuncia hecha contra los servidores públicos, desde hacía cuatro años, presuntamente venían exigiendo sumas de dinero a capturados o interesados en procesos penales que ellos tenían que manejar y le colocaban precio a cada uno de los casos, dependiendo del delito.
En la misma denuncia señalaron, que en los turnos de disponibilidad realizaban la mayor cantidad de inmovilizaciones de vehículos, provechando el alto flujo de camiones en la carretera de Aguachica, que transportan hidrocarburos de contrabando, estupefacientes y recursos naturales, a los cuales les exigían dinero para no judicializarlos.
Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN