La elección del abogado Juan Francisco Villazón Tafur como contralor departamental para el periodo 2022-2025 podría anularse en lo corrido del año. El Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda que interpusieron en contra del procedimiento de nombramiento para el cargo.
La magistrada Doris Pinzón Amado consideró que la acción interpuesta cumplió con los requisitos legales para entrar a analizar si existen méritos para que prospere la nulidad electoral.
La demanda fue promovida por el docente Edgardo Santiago Arrieta mediante su abogado Arturo Robles Cubillos a inicios del mes de febrero. Esta se sustentó en que la Asamblea Departamental ‘disfrazó’ un concurso de mérito por convocatoria pública con el fin de elegir a Francisco Villazón Tafur, altamente cuestionado por su cercanía con el gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
Francisco Tafur salió electo en el cargo con siete votos a favor de los disputados, pese a que no fue el de mejor puntaje en el proceso de evaluación que realizó la Universidad de la Costa a los concursantes. Ese primer puesto lo obtuvo Edgardo Santiago Arrieta, por lo que su defensa consideró que en la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental realizada el 30 de diciembre de 2021, él debió salir escogido.
“Dentro de los principios de la meritocracia siempre se tiene que elegir a quien ocupe el primer puesto y ese es el debate que estamos planteando en nuestra demanda es o no un concurso de mérito o convocatoria como la denominó la Asamblea Departamental. Nosotros sostenemos la tesis de que allí lo que hubo fue un concurso de méritos”, manifestó el abogado Arturo Robles.
Así las cosas, de prosperar en primera instancia la nulidad al demandado todavía le quedaría la posibilidad de que la decisión sea revisada nuevamente por el Consejo de Estado.
“De todas maneras una vez surtida esas dos instancias y si son aceptadas nuestras pretensiones lo que sigue es que la Asamblea Departamental debe elegir a mi representado, al doctor Santiago, que ocupó el primer puesto en ese concurso de méritos disfrazado con una cosa que llamaron convocatoria pública”, puntualizó Robles.