Al banquillo de la justicia será llevado el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, luego que la mañana del martes la Fiscalía lo acusara de beneficiar con un contrato a uno de sus principales financiadores de su campaña electoral cuando era candidato en los comicios del 2019.
Se trata de Gustavo Alberto Arias Pérez, representante legal de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Asoprokia, con la cual la Alcaldía Municipal firmó un contrato de compraventa para adquirir productos para mitigar la pandemia ocasionada por el coronavirus.
En la audiencia, la Fiscalía 5 seccional indicó que el trámite el mandatario lo realizó mediante el Decreto Nº010 emitido el 13 de enero de 2020 mediante el cual facultó al secretario de Planeación municipal, Newton Glenn Sequeda Posada, para dar curso a la contratación y ordenamiento de gastos.
Es así que el 26 de marzo de la misma anualidad, debido a la urgencia manifiesta por el covid-19, y mediante otro decreto se dio paso a la contratación directa y el 12 de mayo Sequeda Posada celebró el contrato con Asoprokia, cuyo valor oscilaba en unos $93.500.000.
Una negociación que, según el ente investigador, surgió de manera ilegal debido a que el representante legal de Asoprokia, Gustavo Alberto Arias Pérez, financió con $10.500.000 la campaña electoral del alcalde, una circunstancia que automáticamente lo dejaba inhabilitado para contratar con la administración municipal durante el periodo en que estuviera Duque Barón.
“De acuerdo al formulario donde se detallan los ingresos a las campañas, se intuye que los ingresos totales a la campaña de la Alcaldía del municipio de Pueblo Bello a nombre del señor Danilo Duque Barón ascendió a la suma de $73.150.000, los cuales provinieron de recursos propios y contribuciones particulares; puntualmente en lo relacionado a estas contribuciones de particulares tenemos que la campaña de Danilo Duque recibió solo tres donaciones y el mayor aporte fue de $10.500.000 por parte de Gustavo Alberto Arias Pérez”, aseveró el fiscal Johan Ustáriz Buendía.
Explicó, además, que la inhabilidad se dio porque Arias Pérez traspasó en ese entonces el 2% máximo permitido de recursos económicos para apoyo político a los candidatos cuyo tope para financiación estaba en $114.526.487.
Para la Fiscalía es claro que el mandatario Danilo Duque, en coordinación con el secretario de Planeación, Newton Glenn Sequeda Posada, trató de beneficiar económicamente a Gustavo Alberto Arias Pérez.
“Se puede afirmar con probabilidad de verdad que Duque Barón conocía perfectamente a los tres particulares que realizaron donaciones a su campaña electoral, que tenía contacto con ellos, y que incluso tiene una relación cercana, por lo que el alcalde tenía pleno conocimiento que Gustavo Arias había hecho aportes a su campaña”, aseguró el fiscal.
En consecuencia, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar se formuló acusación en contra de Danilo Duque Barón como coautor por el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Junto a él y por la misma conducta fueron acusados el secretario Newton Glenn Sequeda Posada y el ciudadano Gustavo Arias Pérez.
LA DEFENSA
Por su parte, el abogado César Vargas Gómez, representante del alcalde, manifestó que el mandatario no incurrió en ningún delito debido a que solamente profirió un decreto en el que facultó al secretario a cumplir sus funciones.
“El alcalde expidió el Decreto 010 por el cual se delegó la contratación y eso no es delito, razón por cual no entendemos porque para la Fiscalía habla de coautor, porque cuando se habla de coautoría, según la corte…, se hace referencia es a un plan o a un acuerdo de voluntades; entonces cuál fue el aporte del señor alcalde a ese”, precisó el profesional del Derecho.