La convocatoria pública para la elección del contralor de Valledupar 2022–2025 está inmersa en una serie de recursos jurídicos debido a que la prueba de conocimientos aplicada por la Universidad del Atlántico, operadora de la convocatoria pública, presuntamente ha presentado irregularidades en los dos modelos de examen que aplicaron los aspirantes al cargo el pasado 5 y 20 de noviembre del presente año.
En ese sentido, Herman Garrido, concursante, presentó una acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad del Atlántico y el Concejo Valledupar, con el propósito de que se le conceda la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la confianza legítima, a la libre concurrencia e igualdad en el ingreso a los cargos públicos, porque estos habrían sido vulnerados en el concurso.
De acuerdo con Garrido, en la segunda prueba había interrogantes que se referían a las leyes de países europeos como España, lo cual era un tema que estaba fuera del contexto municipal y de la ordenanza del país. Por otro lado, a varios de los concursantes les anularon las respuestas de un número resaltante de preguntas “bajo manipulaciones y excusas que dejan entrever que el proceso está viciado para que ciertos aspirantes sean los que queden en la terna”.
“El concurso está viciado porque hay cuatro personas que están siendo favorecidas. En el primer examen una sacó 97 puntos, el segundo 94 y las otras dos 89. Los demás sacamos puntajes muy por debajo, el más alto fue de 69 puntos. Esta situación se volvió a repetir en el segundo examen porque las mismas cuatro personas volvieron a obtener los puntajes más altos y el resto de los concursantes quedaron rezagados”, manifestó Garrido.
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En ese sentido, comentó que le solicitó a la universidad la revisión de los cuadernillos de las preguntas y sus respectivas respuestas en la ciudad de Valledupar con el propósito de verificar los resultados de las pruebas. Seguidamente que se repitiera el examen debido a que se siguen presentando irregularidades en la estructuración de los interrogantes, y que en la siguiente prueba se aborden las temáticas que se refieren a las leyes nacionales establecidas en la norma.
¿EL PROCESO ESTÁ SIENDO MANIPULADO?
De acuerdo con algunos aspirantes al concurso, el proceso está siendo manipulado porque “las cuatro personas que han sacado los mayores puntajes en las dos pruebas obtuvieron por algún medio las respuestas de los cuadernillos de preguntas”, debido a que respondieron asertivamente los interrogantes mal formulados y los que se referían a temáticas europeas.
Además, acusan que el orden de los puntajes que obtuvieron de mayor a menor fue el mismo que sacaron en el primer examen.“Vulnerando así la transparencia del proceso, la moralidad de la norma y los derechos fundamentales de aspiración a un cargo público de los demás participantes”, sostienen.
“El Concejo va a escoger al contralor de una terna y por ello la administración está buscando la manera de que esté compuesta por el grupo de aspirantes que están a favor del alcalde”, argumentó uno de los candidatos que prefirió omitir su nombre.
LA UNIVERSIDAD
Sobre las solicitudes de Garrido en la acción de tutela, la Universidad del Atlántico, a través de un oficio, respondió que la entrega de la hoja de respuesta y del cuadernillo no es procedente porque están bajo una reserva legal en lo preceptuado en la Ley 909 artículo 31, siendo únicamente “procedente acceder a la solicitud cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil lo ordene”.
De igual manera precisó que los bancos de preguntas hacen parte de la propiedad intelectual del alma máter, amparados por la Ley 23 de 1982 que acoge los derechos de autor y los métodos de calificación utilizados para la prueba.
“Las pruebas realizadas durante el proceso de selección son de carácter reservado y solo serán de conocimiento de los responsables del proceso de selección. Sin embargo, el examen y las repuestas las pueden verificar únicamente el aspirante de forma presencial en la Universidad del Atlántico”, cita textualmente el oficio.
Agregó que en dicho proceso no se permite la extracción de documentos, fotografías, videos o alteración de documentos y el tiempo para la verificación es de 30 minutos.
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Al respecto, Garrido manifestó que la verificación debe realizarse en Valledupar porque en el contrato que firmó la universidad con el Concejo quedó establecido que la ejecución del mismo sería en la capital del Cesar.
Por la negativa del plantel superior ante sus solicitudes, el aspirante presentó un recurso de insistencia para que un juez de la República revise si los argumentos de la negativa de la universidad para entregar la información son correctos. Si no lo son será declarada infundada la negativa y se ordenará la entrega de la información.
Namieh Baute Barrios / EL PILÓN