De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, José Ignacio Lacouture Armenta, hacía parte de una organización dedicada a defraudar al Estado mediante la titulación y adjudicación de unos predios baldíos cenagosos, ubicados en San Marcos, Sucre.
Junto al abogado, oriundo de Valledupar, fueron capturados nueve funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes de acuerdo con las investigaciones, serían los presuntos responsables de la entrega irregular de varias hectáreas de tierra a un solo particular para la explotación ganadera.
Los detenidos deberán responder por los delitos de falsedad en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor a terceros.
“Estos funcionarios crearon una red de corrupción de trabajadores gubernamentales (notarías y oficinas de registro e instrumentos públicos del departamento de Sucre), que recibía dádivas con el único fin de elaborar y agilizar el deslinde de terrenos baldíos de propiedad del Estado, y mediante la alteración de los informes y escrituras públicas, se favoreció la titulación a personas de un alto nivel económico”, señalaron fuentes de la Policía.
Según las investigaciones estos funcionarios entregaron a Adalberto José Bula Bula, más de 500 hectáreas del predio denominado “Ciénaga Amansa Guapo”, con lo que amplió su propiedad a 914 hectáreas para la cría de ganado y búfalos.
Según la publicó el diario El Espectador, la defraudación al erario por esa adjudicación ascendería a 46 mil millones de pesos.
De igual forma se conoció que la persona beneficiada no cumplía los requisitos exigidos por la Ley Agraria 160 de 1994, porque su patrimonio familiar superaba los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes con el agravante que era poseedor de otros predios rurales.
El caso destapó luego de que la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República recibió la denuncia de pobladores de la región y mediante labores de inspección técnica con expertos en topografía, agronomía e investigadores.
Entre los otros capturados se encuentran Adalberto Bula, propietario de la hacienda Mata de Corozo (Amanza Guapo); Alexandra Lozano, abogada especializada en derecho administrativo, quien se desempeña actualmente como gerente jurídica de gestión en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, David Andrés Gómez, actual director territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Sucre y Manuel Gabriel Cipagauta Benincure, profesional especializado de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN