El juez que tiene a su cargo una demanda por difamación, instaurada por un empresario del carbón en contra de un activista internacional de derechos laborales, emitió un fallo impactante en contra del activista y abogado, acusándolo de mentir repetidamente acerca de realizar pagos a testigos y posiblemente ayudarlos a dar falsos testimonios.
En la decisión de 50 páginas, el juez añade un nuevo nivel de controversia en la lucha entre el CEO (sigla en inglés para Presidente de la compañía) Gary Drummond y el abogado de Washington Terrence Collingsworth de International Rights Advocates. Collingsworth disparó primero, demandando a Drummond Coal con acusaciones de que la compañía colaboró con cabecillas paramilitares de derecha para asesinar a sindicalistas que estaban tratando de organizarse en las minas de Drummond en Colombia. Aunque en todas estas demandas Drummond ha sido exonerado, Drummond decidió responder demandando a Collingsworth por difamación.
La compañía también acusa a la empresa petrolera holandesa Llanos Oil, en otra demanda separada, de colaborar en esta conspiración al pagarle a uno de los testigos en el caso de Collingsworth.
En su orden emitida el 7 de diciembre, el Juez Distrital de los EE.UU. R. David Procter dijo que le permitirá a Drummond obviar el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente que Collingsworth ha utilizado para proteger sus acuerdos con testigos en Colombia. Procter dijo que existía amplia evidencia de que Collingsworth y sus antiguos socios de Conrad & Scherer habían engañado a la Corte acerca de sus pagos a testigos, haciendo posible que Drummond invocara la excepción del privilegio de confidencialidad debido al delito de fraude (cometido por Collingsworth).
Procter abrió citando una vieja rutina de Steve Martin en el programa de televisión Saturday Night Live, en la que el comediante instó a los acusados a usar el “Se me olvidó” como una excusa universal.
“El acusado Terrence Collingsworth aparentemente ha tomado el consejo de Steve Martin en serio”, dijo el juez. Collingsworth repetidamente le dijo a la corte que él solo estaba enterado de pagos a tres testigos, declaró el juez, cuando en realidad había estado pagándole a seis testigos a lo largo de todo este tiempo.
“Cuando finalmente se vio obligado a admitir que más de tres testigos fueron pagados, dijo bajo juramento que “se le había olvidado”, declaró el juez. “Honestamente, esta respuesta casi cómica es una contestación no creíble e insuficiente”, diseñada para frustrar la aplicación de la excepción al privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente por cuenta del delito de fraude.
Una de las revelaciones más sorpresivas que han salido hasta ahora de los documentos es que Albert van Bilderbeek, uno de los dueños de Llanos Oil, le pagó a un excontratista de Drummond llamado Jaime Blanco USD $120,000, la mayoría justo antes de que Blanco cambiara su testimonio para implicar a unos ejecutivos de Drummond en el asesinato de dos miembros de un sindicato.
Llanos Oil había acusado a Drummond de hacer trampa para presuntamente quitarle un contrato de concesión de hidrocarburos en Colombia.
Los abogados de Drummond sospechaban que Collingsworth se había aliado con Llanos Oil para acosar a la compañía de carbón y posiblemente para pagar a testigos. Pero en el 2011 Collingsworth dijo que los abogados de los demandantes no les habían dado a los testigos más que “hamburguesas y otros alimentos” y pagaron por su transporte a Alabama. En el 2012, Blanco declaró que no había recibido promesas o beneficios a cambio de su testimonio.
De hecho, según este fallo del juez, Collingsworth reclutó a Blanco como testigo al decirle que Drummond lo culparía a él por los asesinatos. Blanco exigió USD $150,000 de honorarios legales y se rehusó a firmar cualquier cosa hasta que hubiera recibido el pago.
Collingsworth en primera instancia se acercó a la firma de abogados de Parker Waichman de Nueva York, la cual había ayudado a financiar el litigio en contra de Drummond, pero los abogados de esa firma se opusieron. Entonces pidió ayuda a Van Bilderbeek, quien envió USD $60,000 el 3 de septiembre del 2011 y otros USD $60,000 aproximadamente durante los siguientes meses, incluyendo USD $10,000 en efectivo.
Estos pagos se realizaron a medida que Collingsworth se organizaba para pagar por viviendas y “gastos de seguridad” de cabecillas paramilitares encarcelados que declararían en deposiciones en contra de Drummond. En aquella época, Collingsworth le mandó un email a Parker Waichman diciendo: “Necesitamos pagar USD $2.700 mensuales para seguir con esto, hasta que tengamos las deposiciones en nuestras manos”.
Años después de haber visto el email, Collingsworth declaró que “se le habían olvidado” los pagos mensuales, los cuales han continuado realizándose a través de la cuenta operativa de Conrad & Scherer, declaró el juez.
“La corte no tiene ninguna duda que ha encontrado que existe (por lo menos) causa probable para creer que Collingsworth, mientras presentaba demandas en nombre de su firma, se encontraba sobornando a testigos y facilitando falsos testimonios”, dijo el juez. “Este supuesto soborno de testigos continúa hoy en día, en relación con algunos de estos exparamilitares, ya que continúan recibiendo pagos por ‘seguridad’”.
Dada la seriedad de los cargos, el juez certificó su orden para una apelación interlocutoria. En un email, Collingsworth dijo que sus abogados apelarán esta semana. Los abogados de Drummond en la firma Starnes Davis Florie en Birmingham no hicieron comentarios al respecto.
Si la orden del juez queda en firme, los abogados de Drummond presentarán exigencias más amplias en relación con las comunicaciones entre los abogados acusadores y los testigos en su caso. El ataque usa el mismo libro de jugadas (estrategia) que siguió Chevron en contra del abogado Steven Donziger, quien ganó una demanda multibillonaria en contra de la petrolera por la supuesta contaminación de la selva en Ecuador, pero desde entonces ha sido acusado de manipular los procedimientos de la corte en el caso.
Los detalles en la orden emitida por el Juez Procter solo empezaron a salir después de que Parker Waichman entregó algunos documentos adicionales, y Paul D. Wolf, un abogado de Derechos Humanos de Washington que una vez se había aliado con Collingsworth, tuvo una disputa con este y presentó acusaciones de que Collingsworth les pagaba a los testigos en una demanda similar en contra de Chiquita.
Cuando escribí acerca de este caso el año pasado, Collingsworth tenía una actitud desafiante, diciendo que no había necesidad de pedir disculpas por pagarle a los familiares de los testigos, quienes decía él que estaban amenazados por los presuntos allegados paramilitares de Drummond.
“No solo no hicimos nada inadecuado, sino que teníamos que responder a este continuo patrón de amenazas”, me dijo él en ese momento. “Que Drummond asuma el rol del perjudicado es un escándalo”.
La actitud de Collingsworth con el juez este año fue más de arrepentimiento, diciéndole que lamentaba no haber informado a la corte acerca de algunos de los pagos a testigos.
Tomado de Revista Forbes