La sonada investigación que tiene separado del cargo al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, señalado de corrupción en el PAE, se debatirá en un largo y reñido juicio oral ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. La mañana del miércoles, en la audiencia preparatoria las partes comenzaron la enunciación de los elementos probatorios que tienen en el caso.
El primero en presentarlas fue el fiscal 11 Delegado, Julio Ospino Gutiérrez, quien aseguró tener más de 30 pruebas entre testimoniales y documentales para demostrar la responsabilidad del mandatario por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Entre las declaraciones que aspira vincular y presentar en el juicio están los policías judiciales que lideraron las indagaciones del proceso, un directivo de un colegio y varios docentes, quienes hablarán sobre las aparentes irregularidades que evidenciaron en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento del Cesar. Sobre todo, del mal estado de la comida y la forma anómala con la que prestaron el servicio.
Uno de los testigos claves será César Cárcamo Camargo, presidente de la Veeduría de Derecho y Vida. El veedor ciudadano estuvo al tanto de los procesos de contratación que realizaron en la gobernación.
“Especialmente el contrato de la investigación respecto del cual se pudo apreciar como la gobernación de Monsalvo favorecía en estos contratos a entidades como la Fundación Kábala y las empresas donde tenían intereses la señora María Angélica Araujo Noguera e Ivis del Carmen Rosado y familiares”, aseguró Ospino.
La Fiscalía también pidió que fueran aprobados como elementos documentales el acta de posesión de Monsalvo, las resoluciones expedidas, la hoja de vida del mandatario, su arraigo, entre otros.
El ente judicial intentará demostrar que el gobernador valiéndose de su cargo benefició económicamente a un grupo de ciudadanos y ocasionó un millonario detrimento patrimonial a costa del bienestar de la población estudiantil del Cesar.
Esto debido a que durante la investigación, la Fiscalía identificó diferentes inconsistencias en la contratación del PAE como la falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley. Sin embargo, la más notoria está relacionada a los precios de los alimentos, por ejemplo, llegaron a pagar $65.460 por cada kilogramo de hígado, pese a que para la época el kilo de carne estaba a $14.000.
LA DEFENSA
El abogado defensor José Luis Barceló Camacho, por su parte, también anunció más de 15 elementos probatorios con los que demostraría la inocencia del gobernador Luis Alberto Monsalvo.
Precisó que como testigos también tiene a rectores y profesores de distintas instituciones educativas del departamento que hablarán sobre la manera cómo se prestó el servicio en el año 2015, periodo al que se remonta la investigación.
“Ellos especificarán lo que sucedió, a dónde llegaron los alimentos y de una manera general podrán suministrar si efectivamente llegaron y en qué cantidad”, acotó el jurista Barceló Camacho, reconocido por haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Pidió que asimismo fueran avalados un perito forense contable y otros elementos documentales como copias de informes con los cuales demostraría que el gobernador no cometió ningún delito.
“La defensa quiere hacer referencia a todo aquel tema que gira alrededor de las funciones del gobernador, sus atribuciones y de la temática puntual de la delegación y legítima confianza en la medida que, si bien el gobernador estuvo atento a las situaciones que giraban alrededor de su administración en su primer periodo, de todas maneras como sucede en cualquier gobernación y en las grandes alcaldías del país resulta imposible que personalmente el gobernador se dedique a verificar cuánto vale un guineo o cuánto vale el kilo de carne”, aseguró Barceló.