En el juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá avanzó la audiencia preparatoria del proceso en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, investigada por presunta corrupción en el programa de mortalidad infantil que implementó en el municipio de Albania, La Guajira, cuando era alcaldesa.
En la audiencia, que se extendió por más de cinco horas, la Fiscalía y la defensa continuaron anunciando la pertinencia o relevancia de los elementos de prueba que pretender hacer valer en el juicio oral, el cual desde ya se muestra que será complejo y extenso, puesto que los involucrados intentan mostrar más de 40 pruebas.
Entre estos hay informes judiciales, peritos, y personas que presuntamente trabajaron en el programa de mortalidad infantil.
Los hechos a debatir tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $18 mil millones, pero según la Fiscalía, de este se desviaron alrededor de $6.500 millones.
Según la investigación, parte del dinero fue desviado para financiar la campaña política que para la época tenía Oneida Pinto como aspirante a la gobernación de La Guajira.
Las irregularidades se habrían registrado en la ejecución contractual, en la aparente falsedad de los documentos y los mismos contratistas, puesto que en el programa habrían trabajado personas que manifestaron apoyo a la candidatura de Pinto.
En consecuencia, para refutar los señalamientos el abogado defensor Antonio Luis González Navarro, anunció que contaba con las nóminas de pago de los ciudadanos que trabajaron en el programa.
“La pertinencia consiste en demostrarle a la administración de justicia que los dineros del programa mortalidad infantil no se distrajeron en la campaña política de Oneida Pinto como asevera la Fiscalía en el escrito de acusación y en la formulación de acusación, en que Oneida Pinto se había inventado estos programas a través de personas de la administración para captar dineros y poder suministrarlos a su campaña política, al contrario, la tesis nuestra es que los dineros se pagaron”, aseguró González Navarro.
No obstante, todavía falta que el juez se pronuncie sobre los elementos que avalará para el inicio del debate probatorio.
EL DATO
Por este caso, está condenada la excoordinadora del programa de mortalidad infantil, Eliana Margarita Urango Álvarez, por desviar dinero para la campaña política de la exgobernadora.
La sentencia la profirió el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Maicao, La Guajira, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.