En el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento, la Fiscalía Quinta Seccional de Valledupar anunció las pruebas que utilizará contra los abogados José de los Santos Turizo Díaz y Margarita María González Guerra, quienes están implicados en un millonario fraude contra las arcas de la Alcaldía de Valledupar, mediante la falsificación de fallos de tutela.
Ayer en audiencia preparatoria el fiscal del caso señaló entre los testigos estará el juez segundo penal municipal con funciones de conocimiento, Aníbal Royero Sinning, quien precisamente detectó la serie de tutelas que nunca fueron tramitadas por él y que de manera irregular aparecían registradas en los libros radicadores y en los libros índices.
Las irregularidades también se habrían presentado con su antecesora Gloria Mariño Quiñones, ya que José de los Santos Turizo Díaz, fungió como secretario de ese despacho judicial desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 22 de mayo de 2012.
El fiscal del caso declaró que los dos juristas participaron en la falsificación de ocho fallos de tutelas, mediante los cuales ordenaban nivelación y homologación salarial de empleados de la alcaldía, los cuales se hicieron efectivos por un valor que supera los $263 millones de pesos.
Según el ente acusador, José de los Santos Turizo Díaz, aprovechando su calidad de secretario del Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con funciones de conocimiento, falsificaba fallos con la firma del juez y los registraba en los libros radicadores y en los libros índices de este despacho, para que aparecieran tramitados.
Mientras que para la Fiscalía la abogada Margarita María González Guerra, representaba a los accionantes de las tutelas contra la Alcaldía y los pagos eran girados a su nombre.
En los próximos días se conocerá la fecha del inicio del juicio oral.
Turizo Díaz, está recluido en la cárcel Judicial de esta capital como presunto responsable del delito de estafa, y González Guerra tiene el benefició de la detención domiciliaria con los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, estafa y concierto para delinquir.