Wilson Castañeda Castro, director general de Caribe Afirmativo, expuso las cifras de homicidios, amenazas y otro tipo de violencias que la organización de derechos LGBTIQ+ documentó en el departamento del Cesar para el 2023.
¿Cuál es la historia de la creación de Caribe Afirmativo?
Caribe Afirmativo es una organización de la sociedad civil que nació justo en esta región, de ahí su nombre, en el año 2009 como una respuesta a una preocupación estructural que tenemos en el Caribe y es que no existe un compromiso del Estado en el territorio para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y que hay un altísimo nivel de indiferencia frente a las cotidianas vulneraciones de sus derechos humanos.
Caribe Afirmativo aparece, de un lado, para llamar la atención a los gobiernos departamentales y municipales que deben trabajar también por el bienestar de su ciudadanía LGBTIQ+, pero de otro lado también para promover espacios ciudadanos para que la ciudadanía no sea indiferente frente a esa ausencia de derechos.
Y esto ocurre por un hecho puntual, en el año 2007, dos años antes de que naciera la organización, en la ciudad de Cartagena se asesinó a un hombre que era abiertamente gay, era de origen cubano, llamado Rolando Pérez, era un profesor universitario en Cartagena. Su homicidio tenía secuelas claramente de violencia por prejuicio en razón de su orientación sexual, pero en esos dos años, hasta que apareció Caribe, la autoridad en el distrito, es decir, ni la Personería ni la Policía, ni la Procuraduría ni la Alcaldía habían investigado ese homicidio y cuando empezamos a preguntar por qué había respuestas como ‘no nos toca hacerlo a nosotros’, ‘es que era un turista’, ‘es que los ciudadanos de aquí no son personas homosexuales’, entonces encontramos que había un desconocimiento del Estado y ese desconocimiento estaba llevando a no garantizar una investigación de un homicidio, pero sobre todo garantizar protección de derechos humanos.
También empezamos a preguntarle a la ciudadanía cartagenera, a revisar los medios de comunicación de Cartagena en el año 2007 y encontramos, porque además Rolando era profesor de periodismo, que a las notas que el periódico El Universal publicó lamentando el homicidio, aparecieron muchos comentarios homofóbicos, casi que validando que lo mataban por ser homosexual y que así mueren los homosexuales, entonces entendimos que además de presionar a las autoridades necesitamos trabajar la cultura ciudadana porque no podía ser indiferente frente a este tipo de violencia, eso dio origen a la organización.
15 años después, Caribe Afirmativo es una organización que tiene presencia nacional, trabaja bajo metodologías comunitarias, es decir, con las comunidades en los barrios, en las veredas, creando nuestras casas que se llaman casas afirmativas y aquí tenemos una en Valledupar, ahí todo el tiempo hay circulación de personas LGBT porque se convierte en un espacio seguro para las personas, también estamos generando espacios con los vecinos del territorio para desmontar esos prejuicios que hay frente a la diversidad sexual y de género y en tercer lugar estamos conectando con los gobiernos territoriales para que asuman un compromiso al respecto.
¿Qué funciones desarrolla la organización?
Este trabajo tiene cinco áreas de despliegue: la primera es todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, nosotros como organización participamos en la construcción de la ‘ley de víctimas’, que la Ley 1448, que es hasta ahora la única ley de Colombia que habla de personas LGBT, es decir, hasta ahora el único reconocimiento que este Estado le ha hecho a personas LGBT es que son víctimas del conflicto armado.
Debido a ese trabajo, Caribe Afirmativo estuvo en La Habana en la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC, en calidad de organización experta y contribuimos al Acuerdo 085 que fue el que creó el enfoque de género en el Acuerdo de Paz, por este trabajo tenemos hoy un gran despliegue de materia de acompañamiento a víctimas del conflicto armado, representamos víctima ante la JEP, estamos buscando personas LGBTI dadas por desaparecidas, algunas víctimas que representamos son del departamento del Cesar y es una representación tanto jurídica como psicosocial.
Lo segundo que hacemos tiene que ver con la acogida a la ciudadanía migrante LGBT, todo este crecimiento migración venezolano por la crisis humanitaria que hay en el vecino país, ha traído muchas personas LGBT emigrantes porque en Venezuela no hay ningún avance material LGBT, cero, cero es cero.
Colombia, a través de la Corte Constitucional, tiene hoy matrimonio igualitario, adopción homoparental, políticas públicas LGBT, entonces si bien tenemos muchos desafíos por delante, en Venezuela se ha creado un imaginario que Colombia es un paraíso para las personas LGBT porque se pueden casar, porque hay protección laboral, porque hay un montón de herramientas que ha creado la Corte Constitucional.
Entonces todo este fenómeno migratorio ha traído muchas personas venezolanas LGBT, que migran por lo mismo que migran otras personas: por falta de acceso a educación o acceso al trabajo, pero también vienen, por ejemplo, parejas del mismo sexo buscando que aquí se proteja su unión, personal viviendo con VIH buscando medicamentos en Colombia porque allí no hay y personas trans porque aquí el Estado les permite cambiar su componente sexo-género en el documento.
Por eso lo segundo que estamos haciendo desde Caribe Afirmativo es acompañar esa migración LGBT para que su llegada a Colombia les garantice acceder a estos derechos que ya existen en Colombia, pero también que evite que sean víctimas de violencia, que es una secuela que tenemos muy grande en Colombia.
Lo tercero que hacemos para cumplir nuestro objetivo tiene que ver con la documentación de violencia, tenemos un observatorio que documenta desde el año 2007, desde el asesinato de Rolando, violaciones a derechos humanos a personas LGBTI, documentamos asesinatos, amenazas, tentativas de homicidio, violencia sexual y actos de discriminación.
El último informe que es el del año 2023 dio cuenta, por ejemplo, que el departamento del Cesar tuvimos para esa anualidad seis homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+, tuvimos 14 denuncias de violencia por parte de miembros de la fuerza pública hacia personas LGBTIQ+ y tuvimos 45 amenazas a líderes y lideresas LGBT en todo el departamento.
¿Por qué ocurren estos fenómenos?
A pesar de que tenemos muchos avances, seguimos siendo un país muy violento para las personas LGBTI, somos el tercer país más violento en la región, después de Brasil y México.
En esos datos te das cuenta que el delito que más se incrementa es el delito de la amenaza, de hecho en todo el país, en el año 2023, fueron amenazadas 3.995 personas LGBT, cuyas amenazas estaban relacionadas con su orientación sexual e identidades y expresión de género, es decir, más o menos al día en este país amenazan 10 personas LGBT, y una amenaza tiene un fin directo de acallar a la persona víctima, pero también tiene una secuela en su entorno.
El último dato importante en ese en ese informe para el departamento del Cesar es que hay un altísimo nivel de impunidad, es decir, para este departamento, de cada diez casos de violencia contra personas LGBTI solamente 3 se investigan es decir, 7 quedan en la impunidad y esos tres que se investigan, dos terminan siendo archivados por falta de información, entonces, eso manda un mensaje como que las vidas de las personas LGBT no importan.
Lo cuarto que hacemos tiene que ver con la incidencia a los gobiernos, territoriales, alcaldías y gobernaciones, las cuales han venido asumiendo compromisos en materia de protección a derechos LGBT, sobre todo con la creación de políticas públicas, entonces lo que venimos haciendo es acercarnos a las alcaldías y las gobernaciones, recordando su compromiso en materia de derechos LGBT, celebrando quien lo hace bien, pero también llamando la atención de prácticas que no están siendo coherentes con ese compromiso que tienen de proteger sus derechos humanos y muchas veces, esa falta de coherencia es la ausencia de formación.
Hay municipios donde existen políticas públicas pero no se implementan y en otras partes no avanzan y un poco la desilusión del departamento y el municipio capital es que cada cuatro años hace parte de los programas de gobierno, dicen ‘vamos a hacer la política pública’, pero avanzan los cuatro años y no se avanza y muchas veces no se avanza porque no hay claridad en cómo construirla, entonces un poco tratamos de llenar de herramientas a los funcionarios públicos para que puedan implementar este ejercicio.
Y lo último que hacemos para cumplir nuestro propósito es el empoderamiento de la ciudadanía, es decir, nuestras casas, que en total son nueve en el país, como la de Valledupar, son espacios donde todo el tiempo estamos brindándole a la ciudadanía LGBTQ+ herramientas formativas que les permitan conocer sus derechos, promover acciones de exigibilidad de sus derechos, pero también ser partícipes en escenarios de la ciudad y el departamento que son claves para construir derechos.
Por Redacción General.