Este miércoles, la Fiscalía General confirmó que el mega operativo mediante el cual las autoridades tomaron posesión de los almacenes Tierra Santa en la costa Caribe se debió a que presuntamente los propietarios y socios hacían parte de una red delincuencial dedicada al contrabando de prendas textiles en el país.
Por eso, los señalados responsables de las tiendas, Bilal Gebara Karameddin y Khaled Ahmed Gebara Karameddin, fueron capturados junto con Ahmad Ibrahim Gebara, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud y Fayez Jbara.
Los otros detenidos son Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Todos deberán responder por los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado. “Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa”, dijo la Fiscalía.
Según la investigación, la red criminal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. No obstante, mediante labores de policía judicial, como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos y labores físicas de verificación a empresas, evidenciaron que los procesados, integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y accesorios de vestir.
La presunta red contaba con una sede en Barranquilla y 29 sucursales en el país y 62 empresas asociadas. Así las cosas, la Fiscalía tomó posesión de 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos valorados en unos 1,2 billones de pesos.