Durante la continuación de audiencias de legalización de capturas a los implicados en el denominad ‘cartel de chatarrización’ que presuntamente funcionaba en la Secretaría de Tránsito de Valledupar, la Fiscalía dio a conocer que $2.310 millones sería el desfalco que los acusados le dejaron a la Nación.
En el proceso jurídico que se extendió en la mañana de ayer, el ente investigador mostró algunas cartas para señalar a los acusados como “una red criminal” que funcionaba de manera conjunta al desempañar sus cargos en la cartera pública.
El Fiscal seccional 11 de la audiencia dirigida por el juzgado Segundo Penal con funciones de control y garantía, indicó que la investigación inició por varias denuncias entabladas por funcionarios que trabajaron en la Secretaría testificando acciones delictivas.
PUNTO DE PARTIDA
“Con la denuncia del señor Jesús Rivera Pérez comenzó la investigación que hasta el momentos ha dejado suficiente material probatorio para establecer de manera inequívoca que los acusados tienen responsabilidad en los delitos enunciados”, explicó el Fiscal.
Los denunciantes citados, presuntamente acusaron al exsecretario de Tránsito Óscar Tom Socarrás y el exasesor Jurídico, Leonardo Maestre, como orquestar el carrusel de chatarrización para beneficio de terceros y propios.
Asimismo denunciaron que Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y José Vicente Ustariz Quintero, quien no trabajaba en la Secretaría, eran ´pieza clave´ para las irregularidades fraguadas.
En este contexto el organismo público informó que los sindicados protagonizaron desvíos de recursos públicos, pérdidas de información, falsificación o alteración en el sistema Integrado de Información y en el Registro Único Nacional del Tránsito, RUNT; así como también inconsistencias en la documentación relacionada en procesos de chatarrización de camiones de vehículos.
Entre las pesquisas mostradas por la Fiscalía está un informe a finales del 2016 que contiene un listado de vehículos chatarrizados que no cumplían con los requisitos del debido proceso o no estaban demolidos.
“Todas las irregularidades fueron avaladas por el asesor jurídico de turno que en este caso era el señor concejal, Leonardo Maestre Socarrás y el secretario de Tránsito de ese periodo, Óscar Miguel Tom Socarrás, esto con ayuda de varias personas que tenían acceso a los procesos de la Secretaría”.
Según la Fiscalía el concejal tenía tanto poder en el escenario público que él se apersonaba de las carpetas de los trámites de los vehículos chatarrizados desde el inicio hasta el final del proceso, además del incentivo económico que el Estado entregaba a los supuestos propietarios de vehículos que introducían o no cumplían con los requisitos para chatarrización.
“Se establece que algunos fueron introducidos sin cumplir con los requisitos. Todas estas acciones delictivas que fueron denunciadas por los testigos, estuvieron compaginadas hasta el punto que llegaron a ofrecer dinero a los testigos para que sustrajeran o introdujeran documentos a la Secretaría Municipal de Tránsito”, agregó el Fiscal.
NO ACEPTARON CARGOS
Los implicados José Vicente Ustariz Quintero, Margarita Rosa Rodríguez Tobón, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López; así como también Leonardo Maestre Socarrás, Leda Rosa Castilla Castillo y Luz Mabel Jácome Bastidas, no aceptaron los cargos ni señalamientos infundados por el ente estatal que los señala por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado; así como; fraude procesal y destrucción supresión u ocultamiento de documentos públicos y privados.
DOS EN LIBERTAD
De los 10 capturados el pasado jueves, dos quedaron en libertad por falta de material probatorio de que tuvieran participación en los argumentos enunciados. Estos son: Ana María Carranza Castillo y David Alberto Maury Silva.
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Ante las presuntas evidencias, el Fiscal seccional 11 solo solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra del concejal activo de Valledupar Leonardo Maestre Socarrás, al considerar que es un peligro para la sociedad o que podría intentar huir como el exsecretario de tránsito Oscar Miguel Tom Socarrás. Sin embargo, Leonardo Mestre fue enviado a su residencia con la figura de detención domiciliaria.
“Considerando que el señor Tom está prófugo ahora mismo de la justicia es necesario que el concejal esté en centro penitenciario. Además de no estar bajo esta medida, desde el interior de su casa podría comenzar a trabajar en pro de alterar las investigaciones a su favor”, finalizó el funcionario.
EL CONCEJAL
Ante los fuertes cuestionamientos el concejal Leonardo Maestre Socarrás se pronunció con este medio de comunicación expresando que tiene también material probatorio para demostrar su inocencia.
“Estoy tranquilo con la investigación porque igual pienso demostrar mi inocencia, hasta el momentos nada está demostrado. He recibido apoyo de mis compañeros y solo espero resolver prontamente este episodio. Además de las otras personas involucradas solo distingo que eran personas trabajadoras”, aseguró el edil integrante de Cambio Radical.
Sobre su situación política, la concejal Gloria Ovalle expresó que el partido Cambio Radical es el encargado de definir la situación política de su compañero acusado.
De los sindicados, EL PILÓN pudo conocer que Leda Rosa Castillo Castilla, es contadora pública y Luz Mabel Jácome Bastidas, técnica en ingeniería de sistema, quien al parecer trabajaba como digitadora. Sobre estas acusadas el fiscal solicitó medida de aseguramiento domiciliaria.
Hasta el momento solo están en proceso judicial ocho personas y la orden de captura en contra de Óscar Tom Socarrás, que no han podido hacer efectiva las autoridades.