Incoder tiene que restituir las tierras
Nueve años después del asesinato de cinco campesinos y el desplazamiento de 48 familias de El Prado, predio ubicado en zona rural de la Jagua de Ibirico-Cesar, la justicia ordinaria emitió la primera condena contra uno de los exparamilitares implicados en esta masacre.
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, condenó a Luis Fernando Andrade Ospino, alias ‘El llanero’ a la pena de 40 años en prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.
En total fueron 12 paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del bloque norte de las AUC, comandados por alias ‘El Llanero’, los que el 20 de mayo de 2002, incursionaron en la vereda El Prado, ubicada en el corregimiento Boquerón y amarraron a los campesinos identificados como Jesús Eliecer Flórez Romero, sus hijos Bladimir, Gustavo y Elicet Flórez Duran, como también a Edimer Góngora Barreto. Luego, fueron llevados a la finca ‘El Carmen’ en Becerril, donde alias ‘Tolemaida’ y otras personas que lo acompañaban. Allí los asesinaron a tiros, con el argumento que estos campesinos eran auxiliadores de la guerrilla.
Según declaraciones de Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, excomandante del ‘Juan Andrés Álvarez’, las víctimas fueron enterradas en una fosa común cerca al lugar del crimen.
Mattos Tabares, también confesó ante un fiscal de Justicia y Paz bajo la gravedad de juramento en su indagatoria y lo ratificó en el testimonio que rindió en la audiencia pública de este proceso, que el desplazamiento forzado de las familias de El Prado, tenía como trasfondo la obtención de las tierras ricas en carbón para luego ser vendidas a la multinacional Prodeco.
En ese mismo sentido declaró Javier Ochoa Quiñones, alias ‘El Mecánico’, quien explicó que el desplazamiento se debió a que en esas tierras existía carbón. Al parecer eran de interés de algunos testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y de David Hernández Rojas, alias 39, que con la complicidad de un funcionario del Incoder negociaron con la empresa minera Prodeco que las adquirió por permuta sin que dicha multinacional tuviera vocación agrícola.
Tierras volverán a sus legítimos dueños
La sentencia contra alias ‘El Llanero’ también ordena al Incoder restituir a las 48 familias de la parcelación El Prado, su derecho a la posesión sobre esa tierra constituida por 1.265 hectáreas de las que fueron desplazados por las AUC, o en su defecto les entregue su respectivo valor en pesos. Ese valor debe ser actualizado en su condición de poseedores y además emprender las gestiones necesarias para convertirlos en propietarios.
La abogada de las víctimas, Smith Ludis Pedraza, expresó a EL PILÓN que está conforme con la sentencia.
Dicho fallo pasará el fondo de reparación de víctimas para que se materialice la indemnización en los términos que reglamenta la ley de Justicia y Paz.
Además se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Jairo Alfonso Mesa Guerra, quien fungió como gerente Ad Hoc del Incoder para llevar a cabo la negociación del predio El Prado con la multinacional Prodeco.