Los presidentes de las juntas de acción comunal de 8 veredas y un corregimiento del municipio de Chimichagua, centro del departamento del Cesar, están gestionando un proceso de segregación para que su jurisdicción sea trasladada a Curumaní.

Se trata de las veredas Piedras Monas, Santa Rosa, Bobilandia, Dos Brazos, El Tigre, Santa Lucia, Nueva Unión, Caño Aventura y el corregimiento Piedras Blanca.

Esta idea no es nueva. Desde hace más de 30 años, estos territorios han intentado pertenecer a Curumaní porque geográfica y económicamente están más cerca de este municipio que de Chimichagua.

Uno de los encargados de liderar la segregación es Cristian Rojas, presidente del Concejo de Curumaní. En una primera oportunidad, el trámite no avanzaba porque dos presidentes de juntas se oponían, pero luego de varias mesas se logró la unanimidad. 

“La ley exige que todos los habitantes de las veredas deben estar de acuerdo. En este momento logramos reunir a todos los presidentes de juntas y logramos su apoyo. Curumaní no puede invertir ni una sola moneda en esos territorios porque se mete en problemas, pero Chimichagua jamás les ha invertido”, señaló el concejal.

Ese ha sido el principal problema. Al estar más cerca de Curumaní, tienen poco contacto con Chimichagua, por eso, sus líderes han denunciado que la Alcaldía de Chimichagua no ha invertido en sus territorios en los últimos 30 años. Incluso, una escuela de la vereda Santa Rosa está abandonada y funcionó cuando la operaban desde Curumaní. 

“Tenemos una dificultad moral, económica y de identidad porque nos sentimos identificados con Curumaní, que está a 5 kilómetros de la vereda Dos Brazos. Para ir a Chimichagua tenemos que bajar a Curumaní, ir a Pailitas, El Banco y ahí sí llegar a Chimichagua, más de 100 kilómetros. Está más cerca Valledupar que Chimichagua”, aseguró Durleys Ríos, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Dos Brazos. 

El conflicto y desgobierno

El resurgimiento del conflicto armado en el centro del departamento del Cesar, por la presencia del ELN y grupos armados, ha complicado la situación de orden público en esas veredas. 

“Nosotros sufrimos el conflicto del Catatumbo. Al no haber autoridad los grupos armados fortalecen sus economía ilegales, pueden moverse, vivir y deforestar. Queremos que haya gobierno en esas veredas, que son la despensa agrícola de Curumaní”, agregó el concejal Cristian Rojas.

¿Cómo avanza el proceso?

El 2024 fue un año clave en el proceso de cambiar de jurisdicción, logrando que toda la comunidad se pusiera de acuerdo. Incluso, los concejales de Chimichagua y Curumaní dieron el aval por unanimidad en medio de una sesión conjunta. 

El tercer paso era poner en contexto a los mandatarios. El alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, y el de Chimichagua, José David Rocha, también se unieron al proyecto. 

Y en una gesta histórica lograron que la Asamblea Departamental los escuchara. “Se creó un espacio para que los presidentes de juntas fueran a la Asamblea. Se surtió la visita con buenos avances porque los equipos jurídicos de los diputados hicieron el estudio y los análisis para hacer la segregación, y todo se cumplía”, comentó un concejal. 

Requisitos de la norma

La Ley 1551 del 2012 regula la agregación y segregación de municipios, corregimientos y  veredas en Colombia. Esta ley establece varios requisitos. Primero, que la comunidad se autorreconozca como habitantes de Curumaní, lo cual ya manifestaron públicamente.

El segundo punto señala que la distancia entre las veredas y el casco urbano debe ser mayor al que lleva al municipio que se quieren agregar. Para llegar de una de estas veredas a Chimichagua se necesitan entre 3 y 4 horas. En cambio, Curumaní está a 30 minutos, con el único agravante de que la carretera está en mal estado.

Y el último paso que necesita la Asamblea Departamental para aprobar esta segregación es un concepto técnico del Ministerio de Hacienda que garantice que no se verá afectado el presupuesto del municipio de Chimichagua.

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“La población de las nueve veredas recibe educación y tienen el Sisben en Curumaní, por eso ni el censo electoral será afectado. Lo único que afectaría sería el pago del impuesto predial, pero la mayoría de campesinos no cuentan con títulos y otra parte vive en zonas de reserva campesina”. 

Ese concepto ha detenido el proceso porque los líderes de las juntas no tienen la capacidad jurídica para llegar al Ministerio, por eso  han solicitado el apoyo a la Gobernación del Cesar, y se han reunido con el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel. EL PILÓN intentó dialogar con el funcionario, sin embargo no hubo respuesta. 

“En una reunión se le volvió a tocar el tema a la gobernadora Elvia Milena y quedó con el compromiso de que iba a tocar el tema con su equipo”, finalizó el concejal. 

Por Deivis Caro