Veeduría en Pueblo Bello denuncia inoperancia del ICBF y nula articulación ante casos de violaciones de menores indígenas
Mientras el Estado se escuda en la "autonomía indígena", la Corte Constitucional recuerda que los derechos de las víctimas no son negociables.
Durante un reciente debate de control político en la Asamblea Departamental del Cesar, la abogada Beatriz Mejía, secretaria de la veeduría por los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres de Pueblo Bello, expuso a EL PILÓN una alarmante denuncia sobre la “inoperancia” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y “la nula articulación de las autoridades” frente a los casos de violaciones y abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes indígenas en este municipio de la Sierra Nevada de Santa Marta.
No son casos aislados, según lo denunciado en la sesión, los niños en Pueblo Bello y su zona rural viven en un entorno violento. “Fíjate que la semana pasada fueron dos casos y la semana antepasada que en plena Semana Santa fue un caso”, declaró Mejía, evidenciando la recurrencia de estos crímenes. Además mencionó: “Fíjate que normalmente la frecuencia semanal que están presentando estos casos. Y nosotros como veeduría no tenemos por qué hacer las veces del Estado”.
La veeduría explica que las violaciones y abusos se conocen porque “tenemos una cabilda dentro de la casa de gobierno. Esta cabilda es la única que ha logrado visibilizar esta violencia, esta revictimización a las menores y a las mujeres”, cuenta la abogada.
Fallas graves en la ruta de protección
Mejía relató ante la Asamblea un caso reciente que ilustra la gravedad de la situación: una menor indígena, víctima de abuso sexual, enfrentó no solo la violencia sino también una cadena de revictimizaciones. La joven, con dificultades para comunicarse en español, no contó con un traductor oficial durante el proceso, lo que obstaculizó la denuncia y la activación efectiva de la ruta de protección. “Ni la EPS, ni el Hospital Rosario Pumarejo, ni la Fiscalía, ni el ICBF tenían un traductor de iku para informarle la gravedad del asunto”, denunció Mejía.
La veeduría logró activar la ruta con la Fiscalía, pero al llegar al hospital, la respuesta fue que el caso estaba “archivado” y que solo faltaba la intervención del ICBF para definir el futuro de la menor. Sin embargo, la institucionalidad optó por devolver a la niña a su comunidad, bajo el argumento de respetar la autonomía indígena, sin evaluar si el entorno familiar garantizaba su seguridad. “En efecto, la menor está abusada, tiene, al parecer, presentando un embarazo a raíz de ese abuso y es una menor de 14 años”, relató la veeduría.
Finalmente a la niña de 12 años aproximadamente, “la devolvieron a la familia donde presuntamente fue abusada por dos primos, una clara revictimización”, subrayó Mejía.
ICBF sin casas de paso ni enfoque diferencial
Durante el debate, la delegada del ICBF reconoció que “en este momento no tenemos hogares de pasos aperturados en el departamento del Cesar”, admitiendo la falta de recursos para salvaguardar a menores víctimas de violencia, lo que obliga a devolverlos a entornos inseguros. Sin embargo, añadió que el ICBF brinda “la línea técnica” y que “es importante que todos sepamos que existe un sistema nacional de bienestar familiar del cual el ente rector es el ICBF, no es menos cierto que todas las entidades que estamos en esta ocasión en este honorable claustro no hagamos parte y no nos tengamos la corresponsabilidad en las actuaciones”.
La respuesta institucional fue percibida por la veeduría como una evasión de responsabilidades: “Nos dijeron que si queríamos ser hogar sustituto podíamos postularnos, pero lo que exigimos es la garantía de derechos, no un contrato”.
La falta de enfoque diferencial y de personal capacitado para atender a menores indígenas, incluyendo traductores, agrava la situación. “El Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar un estado social de derecho, con dignidad humana, igualdad y justicia social en el territorio”, enfatizó Mejía.
Impunidad y ausencia de la Fiscalía
El debate estuvo marcado por la ausencia de delegados de la Fiscalía, lo que fue duramente criticado por los colectivos feministas y defensores de derechos humanos presentes. Según datos oficiales, hasta la semana 15 de 2025 se habían reportado 706 casos de violencia física, sexual y psicológica en el Cesar, siendo los adolescentes entre 10 y 19 años el grupo más afectado. Sin embargo, la mayoría de los casos quedan en la impunidad, sobre todo en poblaciones indígenas.
Es aquí donde la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-091/23, ha establecido parámetros claros sobre la autonomía indígena y su relación con los derechos fundamentales. Esta sentencia explica que la autonomía de los pueblos indígenas no es ilimitada, especialmente cuando entran en conflicto con la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, la autonomía indígena debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando que las prácticas culturales no vulneren los derechos fundamentales.
Además, la Sentencia SU-091/23 enfatiza la obligación del Estado de intervenir cuando las prácticas culturales indígenas ponen en riesgo los derechos de los más vulnerables. Si bien se reconoce la importancia de respetar la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas, esta no puede ser invocada para justificar la inacción frente a situaciones de violencia o abuso. La Corte ha sido enfática en señalar que el Estado debe adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar tales conductas, así como para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, incluso si esto implica limitar la autonomía indígena en casos específicos.
Autonomía indígena y derechos vulnerados
Mejía recordó que, según la Corte Constitucional, la autonomía de los pueblos indígenas es limitada cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. “El gobierno se lava las manos diciendo que no puede intervenir por la autonomía indígena, pero no tienen la capacidad instalada para atender estos casos”, denunció.
La veeduría reporta que cada semana recibe nuevos casos de abuso, muchos de ellos silenciados por temor o por falta de rutas claras de atención. Además, alertan sobre la existencia de “violaciones correctivas” contra jóvenes con orientaciones sexuales diversas dentro de las comunidades, una problemática invisibilizada por la ausencia de datos y atención estatal. “Y es lo que hacen dentro de los grupos indígenas cuando se dan cuenta de la orientación sexual diversa de la joven, del niño, del adolescente”, puntualizó Mejía.
Por: Katlin Navarro Luna / EL PILÓN