Por: Claudia Patricia Núñez Padilla

Para nadie es un secreto que la ciudad ha venido creciendo de manera desaforada y desorganizada urbanísticamente, entre algunas otras razones, porque no cuenta con los instrumentos y herramientas de planeación acorde con la dinámica actual que le impone ser una ciudad intermedia proveedora de bienes y servicios no sólo del Departamento del Cesar, sino de La Guajira y gran parte del Magdalena, y en donde los últimos años se ha visto un incremento en el licenciamiento del suelo para la construcción de vivienda y centros comerciales  y  precisamente uno de esos instrumentos de gestión y planeación es el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.), que para el caso de Valledupar, fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal 064 de 1999, que surtió una modificación excepcional a través del Acuerdo 021 de 2011, es decir, hace catorce años, lo que significa que en el año 2011 se cumplió la fecha correspondiente a tres periodos constitucionales para la revisión general del POT en sus determinantes estructurantes ó de largo plazo, que tienen que ver nada más y nada menos que con la infraestructura vial,  ó sistemas  de comunicación y de servicios, la organización del territorio para impulsar la competitividad, implementación de estrategias de desarrollo económico y social del Municipio, señalamiento de las áreas de reserva, conservación de los recursos naturales, la determinación y ubicación de las zonas de alto riesgo, la localización del equipamientos urbanos y dotacionales y la clasificación del suelo urbano, rural y de expansión urbana, aspectos vitales sin los cuales no se puede pensar en un desarrollo sostenible para la ciudad y mucho menos para la promoción de la misma como una marca, que es en lo que vemos concentrada a la administración que sin desmeritar esta buena intención, es mejor concentrarse en lo importante, que es en brindarle a la ciudad el instrumento de planeación que la proyectará hacía el futuro de una manera ordenada, iniciativa que debió haberse materializado al inicio del período constitucional de la actual administración, sin embargo, hoy casi 18 meses después, vemos con suma preocupación que esta revisión del POT no avanza y que los concejales no tienen claridad de la propuesta presentada por la administración y su alcance para esta revisión y mientras esto sucede, eludiéndose de parte y parte la responsabilidad y competencia constitucional en la planeación del territorio, la ciudad sigue al garete, con una deteriorada estructura vial, deficiente prestación de servicios públicos, escases de suelo urbanizable, invasión del espacio público, pésima prestación del servicio de transporte, caos en la movilidad, deterioro de los recursos naturales, problemas a los que desde la planeación deben dársele solución y que mejor manera de hacerlo que a través del instrumento que la ley 388 de 1997 ha provisto para ello, como lo son los Planes de Ordenamiento Territorial, de lo contrario debemos conformarnos con una ciudad en pleno crecimiento con un P.O.T. que hace rato se quedó obsoleto, su revisión urge y no da más espera.