La movilización por la educación superior pública realizada ayer en diferentes ciudades busca llamar la atención del Gobierno Nacional para que haya mayores inversiones en las universidades públicas del país. 

Hay mucho sentido en la posición asumida por los universitarios. Es lamentable que de 32 universidades públicas solo haya 16 con acreditación de alta calidad; se requieren mayores recursos y mejores manejos de los mismos para que la otra mitad aumente al nivel que se merecen todos los estudiantes, más de 650 mil matriculados en todo el país. 

Son preocupantes las cifras que maneja el Sistema Universitario Estatal, porque muestra que hay un déficit de 3.2 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades (pago de profesores, administrativos y otros servicios) y se necesitan otros 15 billones para las infraestructuras. En Colombia el 95% del presupuesto de la educación va destinado a funcionamiento y solo el 5 % para inversión 

Los estudiantes que ayer salieron a las calles y que hoy están concentrados para un paro de 10 días buscan que el presupuesto de la nación para la educación en 2019, que es de 41.2 billones de pesos, suba a por lo menos 4.5 billones. Otra de las razones razonables es la inconveniencia del artículo 86 de la ley 30 de 1992, la cual establece el financiamiento de las universidades con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según los directivos de las instituciones les tiene congelados los presupuestos en términos reales desde hace 26 años.  

También hay inconformidad porque la mayoría de recursos destinados por el Gobierno para el programa Pilo Paga se quedan en las universidades privadas, teniendo en cuenta que son pocas las del sector público con acreditación de alta calidad.  Para este asunto ya el presidente Iván Duque anunció reformas que han generado opiniones divididas, reformas que no sabemos si serán las mejores, pero sabemos que los ajustes sí se necesitan para equilibrar la balanza a la hora de distribuir los recursos. 

Hay una desigualdad en la inversión de la plata para la educación superior, lo cual requiere de mucho estudio y disposición política. En el caso de la Universidad Popular del Cesar las matriculas superan los 900 mil pesos porque no recibe del Gobierno ni siquiera dos millones de pesos por estudiante, cuando en otros planteles supera los 15 millones. 

La Universidad Popular del Cesar, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad del Magdalena, Universidad de Pamplona y la Universidad Industrial de Santander, podrían brindar con una mejor educación con más recursos y mejores manejos de los mismos. Es lamentable que ninguna de estas instituciones con sedes en el Cesar  tenga acreditación de alta calidad.

Por lo anterior, entendemos la posición de los universitarios que hoy se mantienen en pie de lucha para que se le dé mayor valor a la educación, siendo esta el mejor camino para combatir la pobreza  y construir una sociedad más equitativa.