En días pasados se dio a conocer una denuncia en contra del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisben, en Valledupar.

La protesta liderada por contratistas adscritos a esta institución del Estado, surge como consecuencia de una deuda a 98 empleados que fueron incorporados luego de que el Sisben abriera una convocatoria en el departamento del Cesar, el pasado mes de mayo para la vinculación del personal a través de un contrato interadministrativo entre la Nación y el municipio denominado Sisben 4.

La suma que supera los $274 millones de pesos corresponden al pago por prestación de servicio de los meses septiembre y octubre, cabe destacar que la fecha que le adeudan, según fuentes que prefirieron no revelar su identidad por temor a no recibir su pago, representa dos de los tres meses por los que fueron contratados, teniendo en cuenta que la convocatoria hecha por el ente consistía en un mes de capacitación para junio, y posteriormente el inicio del contrato para julio de 2019, es decir, seis meses de contratación.

Los manifestantes solicitan al alcalde Augusto Ramírez Uhía la cancelación de la deuda ya que el único municipio que se encuentra con esta irregularidad es Valledupar, “por ejemplo, el municipio de La Paz fue uno de los que cumplió lo planteado por el Sisben y contrató desde el mes de julio” comentó uno de los denunciantes.

Otro de los puntos a los que los afectados hicieron referencia fue la modificación del contrato inicial introduciendo un otrosí alterando el convenio establecido que ahora sería cumplido por metas, clausula que no aparece en el contrato inicial “esta situación más que a nosotros, perjudica a la población porque habrán muchos procesos que no podrán ser cumplido por la reducción en los lapsos de respuesta, ese contrato no expresa por ningún lado el cumplimiento de metas de seis meses a tres”, relata una de las trabajadoras.

Por su parte, la coordinadora del Sisben en Valledupar Johslyn Verdeza alega que “los recursos no solo son del municipio sino de la nación”, la funcionaria agregó que los contratistas debían cancelar impuestos y seguridad social porque ninguna entidad que tenga personal bajo esa condición cubre esos gastos. Versión que se contrasta con uno de los consultados quien manifestó que ellos vienen cancelando todo lo relacionado para el pago de sus servicios desde el mes de julio.

La supervisora en calidad de contratista del Sisben 4, Erika Herazo manifestó que ellos se han regido por las instrucciones que le han dado los encargados del sistema de identificación, “si nos dicen paguen impuestos nosotros cumplimos, nos hicieron cancelar seguridad social desde julio a efectos de la contratación y eso no se cumplió”.

En un video difundido por rede sociales se evidencia como el jefe de Planeación de Valledupar, Robert Martínez Murgas al ser grabado por uno de los perjudicados decide suspender la reunión informal alegando que ´no será comprometido de esa manera y que solo hablará por lo que le compete, la revisión de un contrato´.

Herazo destacó que tuvieron que recurrir a la instancia municipal. El alcalde Augusto Ramírez Uhía se comprometió a cancelar esta semana lo que se adeuda, de lo contrario continuarán reclamando hasta que se cumplan los derechos de los afectados.