5 junio, 2019

Una Contraloría Municipal frenada por los líos de la elección de su jefe

Son tres años y seis meses en los que por la entidad de control fiscal de Valledupar han pasados seis contralores. Además de las inhabilidades a los concejales, los problemas en la elección han impedido la celeridad necesaria en algunos procesos.

Contraloría de Valledupar. 

Foto: Joaquín Ramírez.

“Jamás se había registrado algo parecido”, es el resumen de uno de los empleados más antiguos de la Contraloría de Valledupar sobre la atípica situación de seis contralores en menos de cuatro años, cada uno con una nueva dinámica que, en casos, retardó los objetivos de la entidad de control fiscal.

La incertidumbre inició en enero de 2016 con la elección del abogado Álvaro Castilla, a pesar de ser el tercero en la terna. Por eso el Consejo de Estado anuló su elección. Según el fallo, los 15 concejales que lo eligieron como contralor de Valledupar no tuvieron en cuenta que tras el concurso de méritos Castilla obtuvo la menor puntuación de los tres elegibles.

Dicho fallo obedeció a una demanda interpuesta por Omar Contreras Socarrás, quien era aspirante y ocupó el primer lugar entre los elegibles. Al tiempo llegaría al cargo Omar Contreras, quien luego saldría inhabilitado por una demanda de Álvaro Castilla.

Desde un comienzo a Castilla lo señalaron como “el contralor amigo del alcalde”. No obstante, asegura que de los seis contralores, solo hubo una “gestión de relevancia en el primer año”. Señala que “el único hallazgo fiscal en tres años y seis meses del actual alcalde se realizó cuando estaba en el cargo su supuesto amigo”.

Vale decir que en los registros del Consejo Nacional Electoral, CNE, él aparece como financiador, con $120 millones, de la campaña de Augusto Ramírez, el actual mandatario.

El excontralor se refiere al hallazgo fiscal por valor de $85 millones “por haber dejado deteriorar los elementos que demarcaban la ciclorruta que había dejado el exalcalde Fredy Socarrás”.

En el último informe de gestión presentado por Castilla documentó los casos relevantes fiscalmente, empezando por el hallazgo de posible responsabilidad fiscal de alrededor de $89.000 millones en Emdupar, causa del agua no contabilizada e irregularidades en la contratación. En ese informe también se detalló el hallazgo fiscal de $24.000 millones por la venta de dos lotes de Mercabastos, por el cual está en líos penales el exalcalde Socarrás.

EL SUCESOR

Luego de la salida de Castilla en enero de 2017, con los concejales de vacaciones, fue el alcalde de Valledupar quien nombró a Aljabis Bertel como contralor encargado. El primer cambio de los seis que sufriría la entidad. Cambios que golpearon la continuidad en el ente, según sus propios funcionarios.

“Cada uno trae su propia mentalidad, su pensamiento, entonces cuando llega alguien nuevo tiene que revisar todo lo que se ha hecho y en ese proceso es mucho tiempo lo que se pierde”, explicó un integrante de la Contraloría Municipal, quien como todas las fuentes de la entidad que compartieron su opinión solicitaron reserva. “Con los cambios no hay una directriz fija”, agregó otro administrativo.

LLEGADA DE OMAR CONTRERAS

En febrero de 2017 llegó Omar Contreras a la Contraloría con 16 votos a favor en el Concejo. Un año después, a través de un fallo, el Consejo de Estado declaró nula su elección al haber desempeñado el cargo de defensor regional del Cesar dentro del año anterior a su elección como contralor, por lo que incurrió en la causal de nulidad electoral.

De esa elección surgieron las irregularidades por las que la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de segunda instancia, confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años a 16 de los 19 concejales en mayo.

Era el tercer contralor, dos nombrados y uno encargado, en la entidad municipal en solo dos años, con las investigaciones de la Procuraduría haciendo sombra tras los concejales.

En agosto del 2018, con los concejales en vacaciones, por decreto del alcalde de Valledupar volvió a tomar cartas en el asunto y designó a la abogada Tatiana Beleño Sierra como contralora municipal encargada, mientras elegían entre Jorge Araújo Ramírez y Álvaro Castilla Fragozo.

Las Procuraduría Regional del Cesar emitió control de advertencia a los concejales para que tuvieran en cuenta las inhabilidades e incompatibilidades de Jorge Araujo para asumir el cargo. Los concejales debían elegir entre Álvaro Castilla, tercero en la lista de elegibles, y Jorge Araújo, quien estaba señalado de inhabilidades.

Dentro de todo esto estaba la entidad encargada del control fiscal y las auditorías al municipio sin una cabeza fija y rodeada de incertidumbre.

LLEGÓ ARAÚJO

En septiembre del 2018 los ediles eligieron a Jorge Araújo como contralor municipal, pero estuvo en el cargo solo un mes, hasta que el Tribunal Administrativo del Cesar declaró nulo el acto administrativo contenido en el acta No. 0145 del 7 de septiembre de 2018, expedido por el Concejo de Valledupar donde fue elegido. El quinto contralor en dos años: tres nombrados y dos encargados.

“Es como cuando conduces para llegar a un lugar y cuando vas en quinta te lo cambian, es un freno, te toca volver a iniciar”, aseguró un administrativo de la Contraloría.

“A pesar de que como entidad se tienen unos procesos y procedimientos bien definidos, los cuales debemos seguir, no se puede desconocer que la inestabilidad en la dirección, genera ciertos traumatismos, porque el que llega necesita de tiempo para conocer el ente de control y darle su enfoque, eso merma el avance con el que se viene”, reconoció por su lado Jorge Araújo.

Durante el poco tiempo en la jefatura, el profesional señaló que “se inició visitas de inspección técnica a las obras que se ejecutaban en el municipio, además de la continuidad y celeridad en los procesos que iban en curso”.

Esos traumatismos han afectado el trabajo y la imagen de la Contraloría de Valledupar. “Esta administración pasó sin control fiscal y sin control político. Es como si estuviéramos viviendo en Suiza, aquí no pasa nada. Cualquier parecido con esa realidad es mera coincidencia”, aseguró un conocedor del tema, que estudió el tema, pero quiso la reserva de su identidad por estar vinculado a una entidad oficial.

Hasta el momento ningún proceso con responsabilidad fiscal ha culminado con sanción en Valledupar.
“Lo que más le preocupa a uno es la percepción externa de la entidad, todos estos problemas silencian nuestro trabajo”, aseveró un funcionario de la Contraloría.

EL CONTROL DESIGNADO

El actual contralor designado, Edwin Girón, reconoció que estos reveses afectan negativamente a la entidad, sin embargo, se trabaja en las auditorías y en la búsqueda de resultados.

“La Contraloría municipal tiene un talento humano con mucha experiencia y como ellos están normalmente en capacitación este es un grupo que sabe lo que tiene que hacer, desde luego tantos cambios en cuatro años generan un efecto. Estamos buscando la manera que los resultados se den a pesar de todos los momentos difíciles que hemos pasado”, aseveró el contralor encargado.

Con las auditorías a los estados contables y para la evaluación de la gestión y resultados hechas en el 2018, el ente de control encontró hallazgos fiscales de posible detrimento patrimonial por $866 millones. Al preguntarle por las investigaciones, el contralor aseguró que están en proceso.

Seguramente, se acabará este cuatrienio y la entidad encargada de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, y contribuir a la modernización de Valledupar, no tendrá un nombramiento fijo. Además de las destituciones e inhabilidades a 16 concejales por la elección de contralor, los giros alrededor de esa elección causaron un desgaste innecesario sobre una de las entidades más importantes.

Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com