Amanecemos con una lamentable noticia para el acontecer político local que perjudica, como siempre ocurre, al ciudadano de a pie, por diversos factores: el Concejo Municipal debe hacer cambio de 16 de sus 19 concejales, ¡a siete meses de concluir periodo constitucional!
Amanecemos con una lamentable noticia para el acontecer político local que perjudica, como siempre ocurre, al ciudadano de a pie, por diversos factores: el Concejo Municipal debe hacer cambio de 16 de sus 19 concejales, ¡a siete meses de concluir periodo constitucional!
La Procuraduría General de la Nación confirma en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad de estos 16 concejales para ejercer cargos públicos por haber elegido a Omar Contreras Socarrás como contralor municipal aun cuando el Ministerio Público lo había advertido, y, como se dice popularmente, se las había perdonado por elegir a Álvaro Castilla Fragoso, aquel primer insuceso de este Concejo a inicios de periodo.
¿Quién gana y quién pierde con esta radical decisión? Gana la Procuraduría, pues envía un mensaje de firmeza por sus decisiones para el control disciplinario, y ganan los 16 concejales entrantes, algunos primerizos en la corporación, que hicieron campaña para llegar al recinto y hoy el destino les sonríe en ese propósito. Pierde Valledupar, en este sentido: 16 nuevos concejales llegan a sentarse en los dos periodos de sesiones ordinarias que quedan, con sus extras, a tratar de comprender la dinámica del control político, salvo los que serían repitentes como Ricardo Vives Fernández, y a analizar la gestión del Gobierno y su Plan Municipal de Desarrollo.
No es cosa menor lo que deberán enfrentar los nuevos, pues el cumplimiento de los 13 ejes del gobierno Ramírez Uhía deben evaluarse a más de tres años de periodo, así como el Índice General de Desempeño Institucional en el que se raja Valledupar.
Deben prepararse para comprender, analizar e informarle a la ciudadanía en qué se ha invertido el presupuesto municipal que fue aprobado en 2018 por $726.000 millones y no son pocas las coyunturas que se han desarrollado en ese sentido.
Las más altas calidades en el control político merece Valledupar, y más si recordamos que es este Concejo el que debe preparar las elecciones de contralor y personero en el 2020 aunque sean otros quienes elijan.
Cabe destacar que debe elegirse la entidad académica que desarrollará ese proceso de selección y otros pormenores; una ironía, pues precisamente son los dos aspectos (elección de personero y contralor) que más escándalos a nivel nacional han generado y aquí ha habido movimientos telúricos por malas decisiones al respecto.
Pierden los concejales sancionados, pero se veía venir. Estos anuncian que darán la pelea, y algunos son partidarios de la acción jurídica pues aducen que el Consejo de Estado les recomendó elegir al exdefensor del pueblo.
Valledupar necesita afrontar esta crisis institucional del cogobierno con entereza.
Amanecemos con una lamentable noticia para el acontecer político local que perjudica, como siempre ocurre, al ciudadano de a pie, por diversos factores: el Concejo Municipal debe hacer cambio de 16 de sus 19 concejales, ¡a siete meses de concluir periodo constitucional!
Amanecemos con una lamentable noticia para el acontecer político local que perjudica, como siempre ocurre, al ciudadano de a pie, por diversos factores: el Concejo Municipal debe hacer cambio de 16 de sus 19 concejales, ¡a siete meses de concluir periodo constitucional!
La Procuraduría General de la Nación confirma en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad de estos 16 concejales para ejercer cargos públicos por haber elegido a Omar Contreras Socarrás como contralor municipal aun cuando el Ministerio Público lo había advertido, y, como se dice popularmente, se las había perdonado por elegir a Álvaro Castilla Fragoso, aquel primer insuceso de este Concejo a inicios de periodo.
¿Quién gana y quién pierde con esta radical decisión? Gana la Procuraduría, pues envía un mensaje de firmeza por sus decisiones para el control disciplinario, y ganan los 16 concejales entrantes, algunos primerizos en la corporación, que hicieron campaña para llegar al recinto y hoy el destino les sonríe en ese propósito. Pierde Valledupar, en este sentido: 16 nuevos concejales llegan a sentarse en los dos periodos de sesiones ordinarias que quedan, con sus extras, a tratar de comprender la dinámica del control político, salvo los que serían repitentes como Ricardo Vives Fernández, y a analizar la gestión del Gobierno y su Plan Municipal de Desarrollo.
No es cosa menor lo que deberán enfrentar los nuevos, pues el cumplimiento de los 13 ejes del gobierno Ramírez Uhía deben evaluarse a más de tres años de periodo, así como el Índice General de Desempeño Institucional en el que se raja Valledupar.
Deben prepararse para comprender, analizar e informarle a la ciudadanía en qué se ha invertido el presupuesto municipal que fue aprobado en 2018 por $726.000 millones y no son pocas las coyunturas que se han desarrollado en ese sentido.
Las más altas calidades en el control político merece Valledupar, y más si recordamos que es este Concejo el que debe preparar las elecciones de contralor y personero en el 2020 aunque sean otros quienes elijan.
Cabe destacar que debe elegirse la entidad académica que desarrollará ese proceso de selección y otros pormenores; una ironía, pues precisamente son los dos aspectos (elección de personero y contralor) que más escándalos a nivel nacional han generado y aquí ha habido movimientos telúricos por malas decisiones al respecto.
Pierden los concejales sancionados, pero se veía venir. Estos anuncian que darán la pelea, y algunos son partidarios de la acción jurídica pues aducen que el Consejo de Estado les recomendó elegir al exdefensor del pueblo.
Valledupar necesita afrontar esta crisis institucional del cogobierno con entereza.