Tres posturas vuelven a enfrentar los órganos colegiados de la Universidad Popular del Cesar. El problema que generó los desacuerdos entre estudiantes y directivos, se concentra en el Consejo Superior Universitario que aprobó un acuerdo que pone nuevas reglas de juego a la elección de Rector.
El representante de los docentes en el Consejo Superior, Luis Napoleón Durán Cortes, confirmó los puntos denunciados por estudiantes de la UPC en la reciente visita de la ministra de Educación, Gina Parody, a Valledupar: la eliminación de la consulta estamentaria y la reelección para el cargo de Rector.
Las cartas fueron destapadas por el estudiante Ricaurte Solórzano, miembro del Consejo Académico, el pasado viernes en la firma por el pacto para mejorar la calidad educativa en el Cesar. Allí le pidió a Gina Parody intervenir la Universidad y consiguió atraer la mirada del Ministerio. Sin embargo, la ministra de Educación anunció una visita mediática para “poner la lupa” sobre la UPC.
La postura de los estudiantes choca con las del Consejo Superior y la del rector, Jesualdo Hernández Mieles. El representante de los estudiantes ante el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, Fabio Pinto Oviedo, asegura que el nuevo acuerdo aprobado por el Consejo Superior reforma el Estatuto General de la Universidad en cuanto a la designación de rector. “En primera medida lo que hace es eliminar las consultas estamentarias realizadas históricamente en el proceso de designación, y pasaría el Consejo a designar rector sin poner a consideración de la comunidad académica los postulados, además, modifican otras disposiciones de tipo burocrático.
El acuerdo viola la unidad de materias en el sentido que modifica el Estatuto General de la universidad, que viene siendo dilatado por el mismo Consejo Superior y también modifica el reglamento interno del Consejo. Estamos pidiendo que se revoque el acuerdo y se creen mecanismos de participación multiestamentaria que finalicen en una reforma donde los estamentos elijan con elección directa, voto directo y ponderado, al rector de la universidad”.
Pinto Oviedo es consciente de que la consulta estamentaria no es para elegir al rector, “ha sido un mal modelo, ahora exigimos una reforma para elegir directamente al rector”.
El acuerdo de la discordia
EL PILÓN obtuvo el documento que generó la discordia entre el Consejo Superior Universitario –CSU-, estudiantes y el rector de la UPC.
El Acuerdo 037 del 5 de noviembre 2014, mediante el cual se reglamenta la designación del rector en la Universidad Popular del Cesar, pretende modificar artículos inmersos en siete capítulos: Generalidades, convocatoria, requisitos, cronograma, inscripción, estimación del currículo vitae y regulaciones especiales. El documento cuenta con 45 artículos que están para ser firmados por el presidente del CSU, Nelson Leonardo Lammoglia Hoyos, los que ya fueron aprobados por la mayoría de integrantes del Consejo Superior.
“No estamos violando ninguna ley”
Según Luis Napoleón Durán Cortes, representante de los docentes ante el Consejo Superior, el acuerdo no se ha firmado, por lo tanto no está vigente. “El artículo de la consulta se hizo porque legalmente la Ley 30 de 1992 es clara y dice que quién designa al rector es el Consejo Superior, en la Ley no hay ningún aparte que hable de consulta”.
El Consejo Superior Universitario está compuesto por un delegado de la Ministra de Educación Nacional y otro del Presidente de la República, un representante de las directivas académicas, de los ex rectores, del sector productivo, de los docentes, de los egresados, respectivamente, y el Rector, que tiene voz pero no voto.
“La intención del Acuerdo (037 del 5 noviembre de 2014) es eliminar la consulta (estamentaria) porque no es legal, segundo no ha traído buenos resultados; hicimos los requisitos para elegir al rector más exigentes buscando calidad; la reelección del rector consideramos que se debe eliminar para darle oportunidad a otro (…)”, declaró Luis Napoleón Durán, quien agregó que no están violando ninguna ley, “estamos dentro del marco legal”.
El viernes anterior, Ricaurte Solórzano dijo que el Consejo Superior está dejando por fuera a los estudiantes del órgano, pero Durán Cortes aseguró que “en estos momentos no hay representación de los estudiantes por una cosa ajena al Consejo Superior. El Consejo de Estado dio un fallo en contra de la elección de la representante que había (Rosy Cotes) y se anuló, después pasaron elecciones presidenciales y de Congreso, entonces con el rector consideramos no hacer elección para no contaminarlas (política)”.
A la fecha, la UPC ha pagado más de 6.000 millones de pesos por demandas a favor de personas retiradas de la universidad, y para el año entrante hay obligación de incluir 7.400 millones de pesos para pagar fallos a causa de daños hechos por administraciones al desconocer las normas para administrar la universidad, señaló el representante de los educadores en el Consejo.
“No vine a ser un matusalén”: Rector
El rector de la Universidad, Jesualdo Hernández Mieles, lamentó la no visita de la ministra Gina Parody al campus universitario la semana anterior, porque deseaba presentar avances y logros del claustro que hoy cumple 38 años de vida institucional.
Frente a las protestas de los estudiantes, Hernández Mieles considera que existen unas disposiciones y normas que “están modificando la Ley 30 de 1992, específicamente en el Artículo 64 porque deja de ser órgano de dirección de la Universidad para convertirse en autoridad”.
“Considero que el Consejo Superior debe revisar todos esos requisitos. El Consejo debe tener la disposición para revisar el proyecto de acuerdo (037 del 5 de noviembre), sin embargo los estudiantes se mantienen realizando sus asambleas permanentes porque consideran que el acuerdo los vulnera y les quita la oportunidad de postular las ternas que tenía la comunidad universitaria y solamente se deja a potestad del Consejo la elección de rector”, indica.
Entre las modificaciones que tendría la elección de rector, se encuentra la no reelección de quien haya ejercido funciones de dirección, administración o gobierno, durante los tres meses anteriores a la fecha prevista para la designación. Ante esta situación, Jesualdo Hernández, quien se perfilaba como nuevo aspirante a la rectoría, dijo que está tranquilo, porque “no vine a convertirme en un matusalén dentro de la universidad, tuve claro que como egresado y una persona que ama esta universidad fui elegido por un periodo constitucional que comenzó el 7 de julio de 2011 y termina el 7 de julio de 2015. No quiero hacer pronunciamiento para que no se vaya a pensar que el Rector está incomodo o molesto (…), no me asiste en ningún momento el ánimo de continuar bajo la dirección de la Universidad Popular del Cesar”.
Hernández Mieles argumenta que la comparación de la ministra Gina Parody, entre la Universidad de Cartagena (acreditada como de alta calidad) con la Popular del Cesar (no acreditada), no es coherente por la realidad financiera de ambas instituciones. Desde 1976 hasta 1992, con la aprobación de la Ley 30 el Ministerio le adeuda a las instituciones de educación superior públicas en Colombia, unos 11.3 billones de pesos. “Hoy la Universidad Popular del Cesar que antes recibía el 70% de recursos del Estado, solo recibe un 50% para base presupuestal”.
La Ministra de Educación declaró que el Gobierno Nacional no va a firmar el Acuerdo 037 del 5 noviembre de 2014, decisión que para el rector de la UPC “es sabia porque si hablamos de la democracia participativa este acuerdo debió socializarse con las bases”.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co