15 enero, 2022

Titulación en Francisco Javier se habría frenado por líos legales de exalcalde

En el proceso de entrega solo se habrían otorgado 400 predios de 600 posibles; se paralizó la diligencia por casos que encartan al exmandatario Augusto Ramírez Uhía.

El barrio Francisco Javier no cuenta todavía con servicios públicos por no estar formalizado.
FOTO JOAQUÍN RAMÍREZ.

EL PILÓN logró conocer una versión en la que se explica el proceso por medio del cual 600 titulaciones disponibles para entregar en el barrio Francisco Javier habrían sido frenadas debido a los problemas legales del exalcalde Augusto Ramírez Uhía, y que estarían relacionados con una dación en pago.

PROMESA DE VENTA

Según la fuente, quien pidió reserva de su identidad, todo el proceso dio inicio cuando las personas, posterior a tener varios años invadiendo, fueron abordadas por terceros, aduciendo ser allegados a la familia Morales (propietarios del predio hasta la dación en pago realizada por la Alcaldía de Valledupar), los cuales ofrecieron “promesas de ventas” a cada uno de los habitantes que deseaban legalizar la compra de su espacio.

Ante la posibilidad de acceder legalmente a los terrenos donde ya habían constituido un hogar, estas personas recibieron de los terceros una documentación en la que se les prometía realizar la venta.

Pasado el tiempo, según relató la fuente, los habitantes fueron cancelando una cantidad de dinero a estas personas, para constituirse como “propietarios”, sin saber que esto se constituiría como una estafa.

DACIÓN EN PAGO

Luego de la “obtención legal” de los predios por los residentes, la Alcaldía de Valledupar, en busca de iniciar la legalización de esta invasión, impulsó un proceso de dación de pago con la sociedad Lascano Morales & Hijos, en pro de constituir este terreno como un barrio formal de la ciudad.

En su momento el exalcalde señaló: “En Valledupar no hay recursos económicos para resolver estas invasiones pero con herramientas como la dación de pago se nos permiten solucionar las problemáticas sociales como las de este sector vulnerable”.

Para esto, en noviembre de 2016, la firma y el entonces mandatario municipal registraron en la Notaría Segunda de Valledupar el contrato donde se entregaban los lotes a cambio de saldar una deuda de 993 millones de pesos por concepto de impuesto predial e intereses de casi 50 predios a nombre de la firma.

ENTREGA DE PREDIOS

Posterior a la dación en pago y a la constitución de los predios como espacios fiscales, según informó la fuente, la Alcaldía de Valledupar habría anunciado un paquete de inversiones para que al sector ingresaran los servicios públicos domiciliarios.

Fue allí cuando la administración municipal en compañía de Fonvisocial, el Ministerio de Vivienda y otros entes habrían iniciado la entrega de 600 predios, puesto que, según indica la ley, son dos procesos que se pueden realizar de manera conjunta.

Sin embargo, en medio del proceso de la entrega de predios, la Procuraduría General de la Nación, PGN, abrió investigaciones a Augusto Ramírez Uhía para esclarecer por qué el municipio pasó de la firma de un contrato con Lascano Morales & Hijos por 19.000 millones de pesos, valor al que se le debían descontar $990 millones por concepto de impuestos adeudados al municipio, a ser titular de una deuda multimillonaria.

Si bien, en la actualidad al exalcalde no se le ha impuesto ninguna medida de aseguramiento por este proceso, la fuente indicó que debido a las acusaciones que aún existen y la nula inversión de servicios domiciliarios en el sector, se debió suspender la entrega de los predios para evitar incurrir en actos que violen la ley.

“CARTAS CHEQUES”

En recientes declaraciones para una cadena radial de la ciudad, César Ahumada, edil de la comuna 5, indicó que el Ministerio de Vivienda y Fonvisocial habrían entregado “cartas cheques” por valor de $14.200.000, las cuales nunca fueron efectivas.

Sin embargo, Camilo Quiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Minvivienda, negó de forma contundente que se tratara de este tipo de papeles, puesto que solo se trató de una documentación instructiva del proceso que se quería adelantar en dicho barrio.

EL PILÓN consultó con la fuente sobre la certeza de estas “cartas cheques” y esta apuntó que en realidad se trataría de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional para el mejoramiento de las viviendas, el cual no se ha podido hacer efectivo por la ausencia de los servicios públicos.

Y para finalizar ejemplificó el hecho de la siguiente manera: “Si se realiza la adecuación de una cocina o un baño, no habría forma de tener una conexión de alcantarillado que sustente la inversión”.

POR REDACCIÓN EL PILÓN