La ‘Escuela Vallenata para la Paz’ fue un proyecto social desarrollado en la ciudad de Valledupar en el año 2015 por la administración del hoy viceministro de Trabajo, Freddys Socarrás Reales, programa con el cual se tenía como propósito formar gestores de paz a través de una serie de charlas y talleres dictados por agentes versados en temas de paz, conflicto, reconciliación, justicia transicional, entre otros. Tal actividad, por supuesto, se llevó a cabo con ocasión del proceso de paz que adelantaba el Gobierno Nacional, en representación del Estado colombiano con la guerrilla de las Farc–EP.

Para tales efectos, la Alcaldía de Valledupar contrató los servicios de la firma ‘Springer Von Schwarzenberger Consulting Services’, de propiedad de Natalia Springer, por la suma de mil cuatrocientos millones de pesos.

Esta fue una iniciativa que yo, al igual que muchos vallenatos y foráneos, apoyé en virtud a la misión con la que fue concebida. Para nadie es un secreto que nuestra región ha sido golpeada fuertemente por el conflicto armado y que se hace necesario el fomento de estos espacios con el ánimo de pasar la página y comenzar a construir sociedad, país. A pesar de todas las críticas que suscitaron en su momento frente a la Escuela, preferí creer en la buena fe de la administración municipal, pero sobre todo, con base en la circunstancia histórica que atravesábamos en aquel momento, el proceso de paz con las Farc.

Para mí resultaba inconcebible rechazar un evento de tal índole, lo que si nunca esperé fue que la paz hubiese sido utilizada para celebrar un contrato que al parecer contiene unas irregularidades, algo que es muy grave, que no tiene presentación y que alguien debe explicarnos.

En día pasados, Red + Noticias, después de un trabajo investigativo, registró en exclusiva cómo, al parecer, fue amañado todo el proceso contractual para que la firma de Natalia Springer se quedara con el contrato que tenía como objeto realizar la Escuela de Paz en Valledupar. Según esta casa periodística, una firma falsa, una cotización que nunca existió, una sociedad comercial que ni siquiera conocía del proyecto, y que sin embargo en el papel aparece como aspirante a la adjudicación del contrato, y un estudio de mercado ficticio realizado por el exsecretario de Gobierno, Carlos Mario Céspedes, son algunos de los elementos que no concuerdan con el deber ser contractual, cosa que deja muy mal parado al exalcalde Socarrás.

En Colombia pareciera que los ordenadores del gasto no han entendido que tarde que temprano todo lo antijurídico saldrá a la luz, más por estos tiempos en los que afortunadamente la veeduría ciudadana y las labores investigativas de los medios de comunicación se han intensificado con ahínco, con solidez, y ojo, aún falta más, creo que eso ha sido de las escasas cosas positivas que ha dejado la ola de escándalos de corrupción que ha venido azotando sin cesar al país por estos días.

Apoyé el proceso de paz con las Farc–EP, asimismo lo hice con la ‘Escuela Vallenata para la Paz’, pero lo que si no puedo patrocinar es que se haya utilizado un tema tan anhelado y sensible como este para hacer un ilícito de este calibre.

¿Cuándo será el día en que los gerentes de las entidades territoriales del país, sobre todo en el Cesar, terminen su periodo constitucional y dejen la casa en orden, exentos de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias? Creería que no es un imposible, todo está en el buen actuar.

Los colombianos estamos cansados de que gran parte de la dirigencia del país haga de la contratación pública su propio fortín y que las necesidades sigan insatisfechas, sobre todo en los sectores más necesitados que son los más los golpeados.

Lo de este contrato debe esclarecerse y los responsables tendrán que responder. Ya veremos en qué termina el rollo: ‘Socarrás, Springer y la Escuela de Paz”.

Por Camilo Pinto Morón

@camilopintom