“El 4 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la primera versión libre ante la Fiscalía 58 Delegada de Justicia y Paz con sede en Valledupar, diligencia con el exparamilitar Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, desmovilizado del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc. Desde entonces, 79 postulados han rendido 356 sesiones de […]
“El 4 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la primera versión libre ante la Fiscalía 58 Delegada de Justicia y Paz con sede en Valledupar, diligencia con el exparamilitar Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, desmovilizado del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc. Desde entonces, 79 postulados han rendido 356 sesiones de versiones libres en las instalaciones del grupo satélite en esta capital, donde han confesado 1.623 hechos.
En esta unidad de apoyo de Justicia y Paz están registradas 17.150 víctimas, en su mayoría de los departamentos de Cesar y sur de La Guajira, donde tuvieron influencia los frentes ‘Juan Andrés Álvarez’ y Mártires del Cesar. Además, un tercer frente fue asignado a la Fiscalía 58, desde el pasado mes de agosto. Se trata del Resistencia Motilona que tuvo su centro de operaciones en los municipios de Pailitas, Pelaya y Curumaní con cien hechos atribuidos a sus 14 postulados”.
Estas eran las cuentas de la Ley de Justicia y Paz en el departamento del Cesar con corte a febrero de 2015. Este informe publicado por el diario EL PILÓN buscaba en ese momento mostrar el panorama general de la ley 975 de 2005, cuyo objeto es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, la cual se estrenó con la desmovilización de los miembros de grupos paramilitares entre 2005 y 2006.
Por eso no sorprende que luego de diez años, con una inversión de 11 billones de pesos, solo hayan condenado a 195 postulados en 47 sentencias, según lo afirma un estudio realizado por la Contraloría General de la República, que “evidencia precarios resultados y falta de voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar efectivamente a las víctimas”.
La expedición de la Ley de Justicia y Paz generó que se postularan para recibir penas alternativas (máximo ocho años de cárcel), 4.981 miembros de organizaciones al margen de la Ley, en su mayoría paramilitares. Después de diez años, la mitad de ellos salieron del proceso, y de los postulados activos solo han sido condenados 195 personas, es decir el 8,2 % de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial, asegura el informe de la Contraloría.
En el Cesar las cuentas no han cambiado mucho. Seguramente las condenas a paramilitares que actuaron en este territorio, perpetrando despojo de tierras, cometiendo homicidios y desplazamientos, son pocas frente al número de postulados.
Ni qué decir de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de las víctimas, a las que han destinado 79.746 millones de pesos, de los cuales el 90 % ha sido sufragado con recursos del Presupuesto General de la Nación y solo el 6 % se ha cancelado con bienes aportados por los postulados.
Es tan poco el avance de Justicia y Paz, que el estudio de la Contraloría revela que de las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado, por parte de los desmovilizados, 612.
Definitivamente, con esta Ley se comprobó que no existe capacidad de respuesta del aparato judicial para atender un masivo proceso judicial.
“El 4 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la primera versión libre ante la Fiscalía 58 Delegada de Justicia y Paz con sede en Valledupar, diligencia con el exparamilitar Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, desmovilizado del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc. Desde entonces, 79 postulados han rendido 356 sesiones de […]
“El 4 de noviembre de 2008 se llevó a cabo la primera versión libre ante la Fiscalía 58 Delegada de Justicia y Paz con sede en Valledupar, diligencia con el exparamilitar Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, desmovilizado del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc. Desde entonces, 79 postulados han rendido 356 sesiones de versiones libres en las instalaciones del grupo satélite en esta capital, donde han confesado 1.623 hechos.
En esta unidad de apoyo de Justicia y Paz están registradas 17.150 víctimas, en su mayoría de los departamentos de Cesar y sur de La Guajira, donde tuvieron influencia los frentes ‘Juan Andrés Álvarez’ y Mártires del Cesar. Además, un tercer frente fue asignado a la Fiscalía 58, desde el pasado mes de agosto. Se trata del Resistencia Motilona que tuvo su centro de operaciones en los municipios de Pailitas, Pelaya y Curumaní con cien hechos atribuidos a sus 14 postulados”.
Estas eran las cuentas de la Ley de Justicia y Paz en el departamento del Cesar con corte a febrero de 2015. Este informe publicado por el diario EL PILÓN buscaba en ese momento mostrar el panorama general de la ley 975 de 2005, cuyo objeto es facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, la cual se estrenó con la desmovilización de los miembros de grupos paramilitares entre 2005 y 2006.
Por eso no sorprende que luego de diez años, con una inversión de 11 billones de pesos, solo hayan condenado a 195 postulados en 47 sentencias, según lo afirma un estudio realizado por la Contraloría General de la República, que “evidencia precarios resultados y falta de voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar efectivamente a las víctimas”.
La expedición de la Ley de Justicia y Paz generó que se postularan para recibir penas alternativas (máximo ocho años de cárcel), 4.981 miembros de organizaciones al margen de la Ley, en su mayoría paramilitares. Después de diez años, la mitad de ellos salieron del proceso, y de los postulados activos solo han sido condenados 195 personas, es decir el 8,2 % de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial, asegura el informe de la Contraloría.
En el Cesar las cuentas no han cambiado mucho. Seguramente las condenas a paramilitares que actuaron en este territorio, perpetrando despojo de tierras, cometiendo homicidios y desplazamientos, son pocas frente al número de postulados.
Ni qué decir de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de las víctimas, a las que han destinado 79.746 millones de pesos, de los cuales el 90 % ha sido sufragado con recursos del Presupuesto General de la Nación y solo el 6 % se ha cancelado con bienes aportados por los postulados.
Es tan poco el avance de Justicia y Paz, que el estudio de la Contraloría revela que de las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado, por parte de los desmovilizados, 612.
Definitivamente, con esta Ley se comprobó que no existe capacidad de respuesta del aparato judicial para atender un masivo proceso judicial.