Una vez más sorprenden las cifras de muertes violentas en Valledupar. Este año, a la fecha se han registrado 44 casos, mientras que en el pasado 2021, para este mismo periodo la cifra fue de 35 personas muertas de manera trágica, lo que significa que el fenómeno criminal va en aumento.

La situación tiende a ser generalizada, según Medicina Legal de enero a abril de 2022 van 119 homicidios en el territorio del Cesar.

Sin embargo, la cifra más preocupante es la que se registra en Valledupar, en donde los homicidios se concentran en los sectores que han sido poblados de manera ilegal mediante la modalidad de invasiones, allí concurren comunidades provenientes de diferentes regiones del país, las que se suman a la necesidad de vivienda y de oportunidades laborales que padecen las familias propias de esta ciudad.

En ese conjunto de problemas el más protuberante es el de la violencia originada por la descomposición social que desencadena la falta de oportunidades y de niveles mínimos de formación académica.  

Bien lo dijo el secretario de gobierno municipal, Arturo Calderón, durante el acto de posesión de su cargo: “Nada hacemos con atacar el problema de la violencia y la inseguridad sino no contrarrestamos las causas que lo originan”.    

Hoy las cifras de registro de muertes violentas ratifican que el funcionario municipal tenía toda la razón en su planteamiento hecho hace ya unos cuatro meses. 

Y precisamente esas cifras de muertes violentas se conocen justo cuando se cumplen cuatro meses de la aprobación, por parte del Congreso de la República, de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Esa norma, en el capítulo I, establece la inclusión de reformas a los códigos penal, de procedimiento penal, de seguridad y convivencia ciudadana y de extinción de dominio. También incluye la regulación de las armas, elementos y dispositivos menos letales, y la sostenibilidad del registro nacional de identificación balística, entre otras disposiciones.

Todo eso indica que, en teoría, hay suficientes instrumentos legales para combatir a la delincuencia, para adoptar medidas concretas y producir resultados positivos. Pero la realidad muestra que de la letra a la acción hay grandes diferencias.

 Como ya lo hemos dicho en reiterados editoriales anteriores, el panorama de inseguridad, al igual que en muchas otras ciudades del país, en Valledupar sigue atormentando a la gente de bien, al ciudadano que todos los días sale de su casa a laborar de manera honrada y responsable.

En Valledupar los buenos somos más, pero los malos, a pesar de ser la minoría, son los que están imponiendo sus condiciones. ¿Qué hacer? es la pregunta que nos hacemos todos. 

Los diagnósticos y las recomendaciones abundan a montón, sólo hace falta que estos se traduzcan en buenos resultados y que permitan respirar un aire de tranquilidad ciudadana en Valledupar.

Desde luego que remachar sobre estos temas incomoda tanto a las autoridades gubernamentales como a las entidades que de una u otra manera están comprometidas con el asunto, pero es nuestra responsabilidad social velar por la convivencia pacífica de nuestras comunidades, no hacerlo es renunciar a la misión fundamental de este medio, por ello esta vez sólo pedimos una sola cosa: ¡actúen!