En Colombia se gobierna con 6 millones de leyes, todas vigentes, desde la creación del Congreso de la República el 27 de noviembre de 1820 a esta parte. Para ser exacto se han expedido 5 millones 967 mil leyes.

Suiza, país nórdico, con uno de los mejores indicadores en educación, salud, economía, desarrollo urbano, derecho civil, competividad y otros ítem en el mundo, gobierna tan solo con 30 leyes, sin apelar a un sinfín de normas que inducen al error jurídico y a la corrupción.

Cornelio Tácito, escritor, senador, cónsul, gobernador e historiador del imperio Romano, era fiel a la siguiente premisa: “Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”, paremia que retrata a Colombia.
Para aterrizar en Valledupar, hay varias disposiciones que son letra muerta, una de ellas es el artículo 119 de la Ley 1801 de 2016 que ordena establecer un centro de bienestar animal o coso municipal para encerrar los animales domésticos o mascotas.

Con esta norma se pretendía frenar el peligro que a nivel de tránsito, -si es que lo hay-, representa el ganado que deambula por las calles y avenidas de Valledupar y la insalubridad de gatos y perros callejeros, transmisores de microorganismos patógenos.

También está normada la creación de la Escombrera Municipal para la disposición final de escombros (basura y desechos en general), que más de un carromulero arroja en cualquier atajo de la ciudad.

Una Acción de Cumplimiento impetrada por el exprocurador judicial, ambiental y agrario, Rafael Ignacio Cantillo Ortega, en el gobierno de Fredys Socarrás Reales, como alcalde de Valledupar, es la mejor prueba.

La tal Escombrera, igual, es un saludo a la bandera, pese a estar vigente el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997 que la regla, y facultaba al exmandatario municipal para acometer esta obra en un término de 60 días, al tenor de la acción judicial impetrada el 1 de marzo de 2016 por el juez sexto administrativo oral, Aníbal Rafael Martínez Pimienta.