Con un grito de alerta, el secretario de Salud Departamental, Nicolás Muhrez Muvdi, les advirtió a funcionarios del Ministerio de Salud que llegaron a Valledupar para reunirse con las autoridades relacionadas con la atención a población venezolana en el Cesar, que si el Gobierno Nacional no destina recursos rápido los hospitales públicos dejarán de atender pacientes con dicha nacionalidad.

Según cifras recogidas por el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), el balance de los venezolanos que permanecen de manera irregular en Colombia son 442.462, de ellos en el Cesar hay 20.148 personas. Sin embargo, Muhrez Muvdi aseguró que son registros irreales, porque muchos no se censaron y hoy le están haciendo una carga adicional al sector público de salud en el departamento.

“Sabemos que esto va a colapsar, a nosotros no nos extraña que cualquier hospital nos diga que no atiende a más nadie, porque no tengo con qué pagarles. Se están ocupando camas con atención para población venezolana, que de pronto sería para colombianos, a los cuales sí pueden cobrarles”, señaló el secretario de Salud, Nicolás Muhrez.

La Secretaría de Salud Departamental identificó que en municipios como Valledupar, Aguachica, Río de Oro, Chiriguaná, Bosconia y González existen los mayores incrementos de atención en hospitales a ciudadanos que llegan desde Venezuela.

Solamente el Hospital Rosario Pumarejo de López, a corte de 30 de junio de 2018, ha facturado $4.438 millones sobre población migrante venezolana, mientras que en todo el 2017 fueron $2.844, y sumados superan los $7.283 millones.

“No sabemos cómo vamos a pagarle al Hospital Rosario Pumarejo, ni quién nos dará los recursos. Nadie paga por la atención a los venezolanos, lo único que nos enviaron (Gobierno Nacional) el año pasado fueron más de $300 millones, que el Rosario Pumarejo se los consumió en cuestión de semanas”, planteó Muhrez Muvdi.

En la reunión desarrollada en el auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar, se explicó que el gobierno de Juan Manuel Santos plantea emitir un decreto con base a la atención de la población venezolana y los distintos organismos del Cesar indicaron que a dicha disposición deberán incorporarle recursos para contrarrestar de fondo la problemática.

Además, la Secretaría de Educación Departamental en conjunto a Migración Colombia evidenció la presencia de 350 menores del vecino país en las escuelas del Cesar, legalmente documentados, que se están beneficiando del sector educativo. La mayoría de ellos fueron incluidos en programas como alimentación y transporte escolar.

A nivel judicial

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel Mauricio Pedraza Rocha, indicó que un grupo de 40 uniformados quienes llegaron de Bogotá, están trabajando de la mano con Migración, eso ha producido que a la fecha hayan sido dejados a disposición de la autoridad migratoria 356 venezolanos, de esos 183 regresaron de forma voluntaria a su país y otros 90 fueron deportados.

“De cada 10 casos que nos reportan en el Cesar, ocho tienen venezolanos involucrados. Esta es una mesa de trabajo para conocer cómo mitigar esta situación en el Cesar”, declaró Mauricio Pedraza Rocha, que confirmó la captura de 85 de ellos en este 2018.

Orden constitucional

En las últimas horas, la Corte Constitucional falló a favor de dos personas venezolanas en una sentencia de tutela que protege sus derechos a la salud y la vida digna. La decisión ordenó al Estado colombiano “adoptar medidas para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de su derecho fundamental”.

El fallo destaca que “la atención integral en salud de toda la población venezolana migrante necesita ser progresiva, ya que requiere de esfuerzos complejos por parte del Estado y de la disponibilidad de recursos suficientes que no pongan en un mayor riesgo al sistema”.

La decisión de la Sala Sexta de Revisión de la Corte protege específicamente los derechos de un menor de edad de dos años y una mujer de 34 años, en Cúcuta.