Sí, se veía venir el escenario de las pésimas vías. Ya muestran su cara más fea en La Guajira. Desde La Jagua del Pilar por un lado, desde San Juan hacia el norte adolecen de deterioro progresivo que, en pocos meses, de no actuarse rápido, se exhibirán destruidas e intransitables.

Se veía venir cuando la comunidad fue estimulada líderes en proceso electoral que despreciaron la oportunidad que se ofrecía con la concesión Cesar-Guajira, una Alianza Pública Privada- APP bajo la modalidad de iniciativa privada – la compañía hacía toda la inversión a su costo y riesgo en construcción y rehabilitación para poner la vía en altos estándares de pavimentación, tráfico y mantenimiento permanente a cambio de peajes- . En los pueblos se pregonó que no había que pagar peajes y que la Nación debía asumir la responsabilidad del estado de las vías.

En ese momento, 2016, que Alfredo Deluque fungía como presidente de la Cámara de Representantes, se generaron expectativas de que la Nación con recursos del presupuesto Nacional haría la rehabilitación vial hasta Maicao y Riohacha. En su momento en estas páginas editoriales mencionamos que esa actitud bien intencionada no era realista e iba a generar un evidente perjuicio a esos pueblos. Para nadie es un secreto que lo deseable es que la Nación mantenga en óptimo estado las obras públicas a cambio de que la gente se satisfaga con su servicio a cambio de nada, pero no es realista. 

Cada día los recursos se orientan a usos sociales más prioritarios. De hecho,  en el vecino departamento se ha lanzado por el gobierno Duque el programa Guajira Azul con un presupuesto de mas de $ 400 mil millones para llevar agua a las cabeceras municipales y al sector rural, principalmente a la población indígena.

Lo que muestra la revolución de las carreteras en el interior del país, que se  construyen  actualmente a gran ritmo,  es que la gente paga sus peajes y se ha convencido de que realizado el cálculo económico del tiempo de desplazamiento, menos accidentes y pérdida de vidas, gastos en llantas, menores reparaciones  y  apoyos logísticos y de ambulancia, es mejor negocio pagarlos, y peor  esperar a que la distribución del presupuesto de la centralista Bogotá y el filtro de la contratación, muchas veces filtrada por la corrupción, lo premie adecuándole su carretera. 

Esa actitud contagió al Cesar y  pueblos se opusieron a los peajes, aunque se ofrecieron más baratos como peajes sociales. Fue un desgaste de concertación, algunos pensaron que como el departamento, a diferencia de La Guajira, tenía recién rehabilitadas las vías entonces pa’ qué peajes. Cuando ya se habían desafectado los tramos de La Guajira y, con la gestión del gobernador Ovalle, se había dejado la Concesión viva solo para el Cesar, una decisión con ponencia del magistrado Aroldo Quiroz (CSJ- STC 496-2017- 25 enero) reconociendo derechos de los indígenas,  que interpusieron a última hora una tutela más, la enterró.