El gobierno mediante el proyecto de ley 311 ha propuesto una reglamentación del acto legislativo (reforma constitucional05 del 2019. Estaba en mora de hacerlo pues los plazos contenidos en la reforma dieron al gobierno, y al Congreso también, unos plazos perentorios. Razón por la que el presidente envió mensaje de urgencia a las cámaras legislativas.

Pensamos que esta reglamentación materializa el querer de las fuerzas políticas de darle prioridad a las regiones productoras.

¿Qué había pasado?, que la administración pasada del gobierno Santos extendió los beneficios de forma plausible a las regiones no productoras, pero se evidenció, al poco tiempo, que se le había ‘ido la mano’. Los municipios y departamentos productores vieron sus ingresos de regalías menguados, respecto al pasado, y además de la protesta de su dirigencia administrativa y política, amplios sectores sociales se movilizaron, no pocas veces, para exigir mayores compromisos de los proyectos con las necesidades populares, lo que en territorios como Los Llanos se manifestó con permanentes bloqueos a las compañías.

Un argumento de resistencia expuesto fue que los impactos ambientales negativos se presentaban justo en el territorio donde se localizaban las producciones.

De modo que la participación de los departamentos productores pasó del 10 al 20 %, lo que podría incluso llegar a un 25 % por una participación adicional del municipio productor del 5 %.

Queremos mencionar unos aspectos que tienen que ver con El Cesar.

La mayor parte de las regalías derivan, en el conjunto de Colombia, del ramo del petróleo y gas.  En el total se pudiera decir que de 100 pesos generados de regalías,  20 son producidos por el carbón.  Pero el hecho de que el grueso del carbón extraído en el país corresponda a Cesar y Guajira, -más al primero-, y que se haya aumentado la regalía directa, ofrece una amplia tajada a esta región, aun con la caída de precios por un ciclo descendente que había iniciado antes de la pandemia del covid-19 y que se profundizó con esta.

El otro aspecto, que ya estuvo en la reforma, es que ahora se podrán financiar proyectos ambientales y se destinarán recursos para los temas de preservación, pero también de supervisión de los mismos.

Mediante la ley reglamentaria de la reforma se podrá financiar con cargo a los recursos la estructuración, formulación y diseño de los proyectos, hecho extraordinario dado que había verdaderos cuellos de botella de limitación financiera por no poderse hallar financiación para la fase de pre-inversión.

Noticia es que el gobierno, siguiendo el compromiso establecido y ordenado por la ruta de la paz, haya acogido la idea de anticipar los dineros del 7 % de la regalías aprobadas en los llamados OCAD paz, el único OCAD que sobrevivirá ahora junto a los regionales de inversión.

Se estima que unos 7 billones de pesos podrán contribuir -en municipios PDET que el departamento en el norte tiene 8-, a los propósitos de hacer vías, electrificación rural, etc., tal como lo materializó ayer Valledupar, que es PDET en su área rural de un proyecto de energía solar de más de $10 mil millones.