Es verdad de Perogrullo que sería positivo para el país y el éxito del posconflicto que el Eln entrara finalmente a las negociaciones de paz. Pero los tiempos de Santos y de la gobernabilidad no pueden ser los mismos que los de una errática guerrilla que vaga entre propuestas de convenciones nacionales sin pies ni cabeza o que pretende negociar con la sociedad civil sin contar con el Estado. No solo porque del discurso de la paz no vive el hombre, sino porque el país requiere adoptar medidas urgentes, como la reforma tributaria, para despejar el sombrío panorama que se ha apoderado de la economía nacional con la caída de los precios del petróleo y la desconcertante volatilidad financiera internacional. Y en ese caso, infortunadamente, “la dinámica del proceso de paz depende del vagón más lento”, como decía Chucho Bejarano, vilmente asesinado en la Universidad Nacional en septiembre de 1999.
Además, porque se aprovechan de la paz y ya suena a gavilla. No les basta con pedir un salto al vacío con una constituyente de la que nadie tiene claro qué habría que reformar. Ahora se les ocurre el disparate de proponer un gobierno de transición para 2018.
El presidente Santos tiene que entender que el palo no está para cucharas. Que no obstante los avances en el proceso con las Farc, su popularidad no levanta cabeza, como lo muestra la última encuesta de Datexco, en la cual un 61 por ciento considera que el país va por mal camino y el 64 por ciento desaprueba su gestión. A un país que le gusta tener un papá regañón, de nada ayuda la imagen de falta de apersonamiento de Santos, mientras la muerte de los niños en La Guajira, el fenómeno del Niño o la chapucería del Ministerio de Transporte, con la tabla de avalúos para vehículos, acrecientan el malestar. Poco ayuda también que lo perciban distante y dedicado a la diplomacia y a la alta política.
El Presidente debe entonces también entender que el tiempo se acaba y que si bien es positiva su orden de arreciar contra el Frente de Guerra Oriental del Eln, eso no es suficiente. Los ciudadanos esperan resultados contundentes y creíbles, en particular contra un criminal como alias Pablito, el más militarista de la organización, y porque no se puede esperar eternamente a que a una guerrilla dividida, sin convicción de dejar las armas, con serios riesgos de descomposición y bandolerización se le antoje negociar. No puede ser que a tres años de haber dicho Santos que el proceso con el Eln empezaría “más temprano que tarde” y casi dos años del anuncio, en plena campaña presidencial, del avance de la fase exploratoria estén dedicados cada vez más al negocio del narcotráfico y a reorganizarse, en especial en Arauca, Casanare y Boyacá.
El Eln corre el riesgo de pagar un precio alto por lo que Joe Broderick define como su falta de entendimiento de la política y las coyunturas, por su torpeza. Un precio que se refleja en que tendrán que vestir el traje de negociación diseñado en La Habana, incluidos los términos de la justicia transicional. Pero el Gobierno está en la obligación de lanzar una batalla decisiva, de concentrar miles y miles de hombres, y obligarlos a negociar.
Porque también está en la obligación de comprender que la gobernabilidad puede perturbarse en cualquier momento; que de poco sirve la firma de la paz con las Farc si queda un Eln resiliente, un narcotráfico galopante y un escenario de deterioro económico. En ese caso, pueden salirle costosas las concesiones en la mesa de La Habana.
Por Jhon Mario González