Bogotá, (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que no habrá una “persecución” contra los civiles que fueron obligados o amenazados para que participaran en el conflicto armado de país.
“No se trata de ninguna manera de una persecución o, como algunos han dicho, de una cacería de brujas”, dijo Santos en una alocución en la Casa de Nariño, en referencia al acuerdo alcanzado con las Farc acerca de la jurisdicción especial que se aplicará en el denominado período de posconflicto.
Esa jurisdicción especial se aplicará a los civiles que “quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos”, aseguró.
“Que quede muy claro, quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz”, agregó.
Como parte del acuerdo entre el Gobierno y las Farc en el marco de los diálogos de paz se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de las negociaciones.
El sistema integral de justicia estará formado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
En su declaración, Santos dijo que quienes voluntariamente colaboraron con grupos armados ilegales “podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz”, pero “se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante”.
“La palabra determinante es crucial”, apostilló Santos. Asimismo, el mandatario sostuvo que las sanciones para quienes sean hallados culpables “no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables”.
Esas sanciones incluirán “acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas como el esclarecimiento de la verdad o la reparación en consonancia con aquellos que hemos dicho desde un principio que las víctimas, la satisfacción de sus derechos está en el centro de la solución de este conflicto”.
En este sentido dijo que aquellos civiles que “no hayan tenido una participación determinante en estos delitos, esta jurisdicción podrá aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal”.
Por último, Santos aseveró que en este momento la Fiscalía tiene más de 13.000 expedientes en los que se menciona a muchas personas que si no se benefician de esa jurisdicción especial “el día de mañana podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio”.