“No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder”: Benjamin Franklin.
La salud debe representar algo fundamental y esencial en los seres humanos. Hoy en Colombia se considera como un derecho fundamental establecido así en la Ley Estatutaria de la Salud, la cual le brindó esta facultad de ser fundamental y además le brindó la de autonomía. Dicha ley fue promovida con el objetivo de darle un fin al polémico carrusel de la muerte por allá en el 2015.
Esta ley tiene como finalidad esencial que se le brinden los servicios de salud a cualquier persona y procura que estos no sean interrumpidos por razones administrativas o económicas.
La crisis actual de salud pública demanda de muchos servicios médicos básicos y otros especializados. Es apenas lógico que las instituciones prestadoras de servicio, IPS, deban estar en óptimas condiciones y prestas al servicio del pueblo. Pero este no es el caso de Valledupar.
La institución pública pilar del departamento y de la capital del Cesar afrontaba un cese de actividades por parte de su cuerpo médico asistencial. Sería algo ilógico al apenas analizarlo, que no es el momento indicado para este tipo de huelgas, muchos dirían, pero hay un trasfondo que es la causa de estas manifestaciones.
El Hospital Rosario Pumarejo de López y sus trabajadores son las víctimas en esta historia. El desangro económico producto de las malas administraciones que ha sufrido esta entidad no solamente es vergonzoso, sino que también atenta contra la vida de los pacientes que acuden a esta institución en busca de un buen servicio y con optimas esperanzas de una pronta recuperación.
El detonante de la situación radica en el incumplimiento de pagos de esta entidad para con su plantel médico. Ya suman más de 11 meses de salarios acumulados que no han pagado, claro que este atropellamiento no solo ocurre en esta entidad y tampoco es algo reciente, al contrario, ya es normal en el sistema que las IPS adeuden varios meses a sus empleados.
A raíz de la cuarentena obligatoria y del aumento de necesidades básicas en los hogares, estas personas que arriesgan su vida atendiendo el llamado de su vocación, sintieron aún más la falta de entrada económica irregular, obligándolos casi a vender su alma a personas que abusan de su poder para terminar de acabar financieramente a estos ángeles en la tierra.
Las cuentas en el Rosario Pumarejo de López son turbias, nadie da un informe detallado de los pasivos y los activos de dicha entidad, nadie da cuenta de los aproximados $116.000 millones de pesos que supuestamente entraron al Hospital en el año inmediatamente anterior. Es aún más insólito saber que el mismo departamento del Cesar es uno de los mayores deudores de esta entidad, y aunque se ha pedido que las autoridades intervengan el HRPL se han negado, alegando que las cuentas están claras pero la realidad es que: ¡el chocolate no está espeso!
El departamento del Cesar adeuda al HRPL una suma que se aproxima a los $47.000 millones de pesos, cifras que obedecen a: (1) asistencia brindada a la población no asegurada, (2) asistencia prestada a población venezolana. Sí, no es el único deudor, pero sí el más representativo. No queda duda que el hospital es víctima de los malos manejos administrativos y las tranzas que se han hecho con sus recursos.
Ad portas de un tan anunciado pico epidemiológico en el departamento y la capital del Cesar, se le debe dar una apresurada solución a este quilombo. No puede seguir pausado el servicio de salud y tampoco pueden seguir laborando el cuerpo médico sin recibir un pago al menos porcentual del total de la deuda que hoy los tiene en esta penosa situación.
En mi círculo familiar cuento con una excelente profesional de la salud: mi madre. Una mujer con vocación y que por muchos años se dedicó a servirle a la comunidad desde su área, además de eso una excelente persona con gran sentido humanístico. Vi en ella representado el cuerpo médico y asistencial cuando por varias ocasiones se acumulaban los pagos y la situación económica se apretaba en el hogar. Me atrevo a escribir estas líneas porque me identifico con lo que viven estas personas que han dado su tiempo para servir y han sido muy mal recompensados.
Una salida a la problemática sería que la administración departamental cumpla con el saldo en rojo que tiene con el HRPL. Como no es el único deudor, no se podrán cubrir todas las obligaciones del hospital y será necesario realizar preacuerdos de pago en los cuales se dejen plasmado un pago porcentual que corresponda por lo menos a la mitad de lo meses adeudados y se establezca mecanismo para realizar el pago de los salarios restantes en los meses subsiguientes.
Como segunda medida considero que se debe realizar una intervención por parte de las autoridades para evaluar errores y desaciertos de la administración debido a que es notorio el mal manejo gerencial. Debería revisarse la posibilidad de gestionar recursos a nivel nacional para invertir en infraestructura, capacitación, dotación y aumento de capacidad de hospedaje médico, para así brindar un servicio óptimo digno de los cesarenses.
ADENDA: Parece que las medidas implementadas por la administración municipal para contrarrestar la propagación del COVID-19 no van más allá de un simple toque de queda los fines de semana y del lunes pa’ allá suena el timbre del recreo.