Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA
A diferencia de hace pocas semanas, muy alta es la probabilidad de que mañana domingo Juan Manuel Santos sea elegido presidente de la República. Siendo ello así, de aquí hasta las primeras semanas de su mandato muchos serán los ditirambos sobre sus capacidades, su experiencia y su buen juicio para dirigir los destinos de la nación.
Panorama que exige, en beneficio del buen gobierno, señalar desde ya las dificultades que habrá de enfrentar la nueva administración en muy variados campos del quehacer nacional, y  en especial sobre aquellos temas que tienen que ver con la institucionalidad, cuando ésta se entiende como el conjunto de normas, incentivos y conductas que rigen la vida social. Amplio espectro del que merecen especial consideración los aspectos económicos y los políticos.
Sobre lo económico la herencia institucional es especialmente precaria en relación con el estado del mercado laboral y con la situación fiscal. El elevado desempleo y la agobiante informalidad que hoy se vive en Colombia exigirán del equipo del nuevo gobierno especial tino para mejorar la cantidad y la calidad de la oferta de empleo.
En relación con la situación fiscal se ha señalado en todos los tonos por distinguidos especialistas que las cifras fiscales que heredara el nuevo gobierno son muy difíciles por el elevado déficit público que se proyecta para este y los próximos anos. Pero más allá  de ese faltante de recursos lo que realmente amerita examen es el contenido del estatuto tributario, en su conjunto, por su falta de equidad, por sus manifiestas ineficiencias y por sus dañinos efectos sobre el crecimiento y el empleo. Además, en lo fiscal es necesario flexibilizar las normas sobre gasto público, pues solamente así se daría una discusión seria sobre las prioridades a que deberían orientarse esas erogaciones.
Por lo que hace a la institucionalidad política una primera prioridad es, sin duda, recuperar la independencia de los  poderes públicos lo cual supone el respeto por los fallos de la justicia y el cese de las agresiones contra sus miembros cuando ciertas decisiones no sean del agrado del ejecutivo.
Pero de más importancia aun es recuperar para el Congreso de la República el ejercicio del control político.  Asunto que supondría eliminar de raíz la perversa costumbre de negociar con los legisladores al menudeo el trámite de las leyes. Esa práctica, de tan  vieja raigambre y tan fortalecida en los últimos ocho años, le ha hecho mucho mal a los partidos y por ende al ejercicio de la política. Allí radica el origen de la corrupción y los perversos efectos que ella tiene sobre el buen uso de los recursos públicos.
Hay quienes son escépticos sobre que Juan Manuel Santos tenga la decisión de enfrentar radicalmente ese problema, dado los apoyos que han sustentado su candidatura y la pretensión de su mentor de que nada hacia el futuro es susceptible de mejora.
No obstante, la luz de esperanza es que se entienda que en todos estos campos mantener la institucionalidad que hoy tenemos es altamente inconveniente pues ello sería camino seguro para el fracaso del nuevo gobierno.
Ex contralor General de la República