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Análisis - 18 agosto, 2022

Reforma Tributaria polémica y mediática 

“Aquí está mi principio: Los impuestos se percibirán de acuerdo a la capacidad de pago. Ese es el único principio americano”: Franklin Roosevelt.

“El panorama fiscal, socioeconómico y tributario, invitan a reflexionar sin pasiones la exploración y explotación de gas en el país”
“El panorama fiscal, socioeconómico y tributario, invitan a reflexionar sin pasiones la exploración y explotación de gas en el país”
Luis Elquis Díaz

Las propuestas de reformas tributarias en Colombia son válidas o invalidas según sus autores, los aplausos y las rechiflas obedecen a las mejores capacidades de volver impopulares las iniciativas, partiendo de los testimonios que tocan las fibras de la sensibilidad ciudadana. 

Cualquier país del mundo depende de sus ingresos tributarios como de sus exportaciones y los créditos que realiza, para procurar el bienestar general de su población, sin embargo, la comprensión de los diferentes conceptos económicos y tributarios no son de fácil digestión para los colombianos. Por esa razón la propuesta de reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, genera debate y controversia, sobre todo, por el aporte del antagonismo político. La misma situación vivió el expresidente Iván Duque.    

FINES DEL SISTEMA TRIBUTARIO

De acuerdo con el Artículo 363 de la Constitución, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales son predicables del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular. El principio de progresividad tributaria dispone que los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva (equidad vertical).

Las controversias por el pago de impuestos en Colombia tienen un enfoque de discusión política que de connotación técnica. Tampoco está orientado hacia las realidades socioeconómicas de los colombianos ni mucho menos la relación entre la corrupción y los ingresos tributarios. Los efectos de la corrupción en Colombia debilitan las funciones y el cumplimiento de los fines del gobierno y propicia el incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

LA ECONOMÍA COLOMBIANA

La economía colombiana creció 10,6% en 2021, en el mismo periodo esta cifra positiva contrasta con el 39.3% de pobreza monetaria, 12.2% de pobreza extrema, desempleo de 11.3%, informalidad del 44.7% y la deuda externa llegó a US$176.085 millones en mayo y alcanzó 50,7% del PIB nacional. Este panorama socioeconómico invoca retos y soluciones para revertir esos indicadores y constituyen un instrumento de características específica, observable y medible que hacen sobresalir o hundir al gobernante.

Para corregir la crítica situación socioeconómica de los colombianos los impuestos constituyen una contribución significativa, por lo tanto, deben ser invertidos con rigurosidad y transparencia. A pesar de su importancia son sobresalientes los aplausos y las rechiflas por las propuestas de reformas tributarias en el país, no obstante, en términos de recaudo convivimos con una paradoja o curiosidad. 

Según Fedesarrollo el país deja de recaudar por evasión de impuestos entre 50 y 80 billones pesos, en IVA el equivalente a 1.3% del PIB y en impuesto de renta 3.4% del PIB. De otro lado, según las cifras recientemente presentadas por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Estado en 2021 por exenciones tributarias dejó de percibir 92,2 billones de pesos. Esas gabelas o beneficios tributarios no han generado valor ni los puestos de trabajo esperados, razón por la cual requieren que sean revisados en aras de evaluar su efectividad. 

¿QUIÉNES CONTRIBUYEN MÁS?

Por ser Colombia un país de ingresos bajos las cargas impositivas o los tributos recaen en las personas jurídicas, posteriormente, esos costos que impactan en el proceso productivo son asumidos por los consumidores. En consecuencia, el debate en vez de ser técnico es político girando en torno al pregón oportunista y populista sobre la “afectación de los más pobres” por la propuesta de mayor tributación para las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados. 

Cabe destacar que, Noruega ha tenido un impuesto sobre el azúcar añadido desde 1922, pero decidió aumentar este impuesto en un enorme 83% a principios de 2018, con productos como dulces y chocolates ahora gravados a 4,69 coronas por kilo. Noruega fue el país pionero, pero los impuestos al azúcar ya están en marcha por toda Europa, Asia y Estados Unidos. En la misma línea están los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de sodio. 

En Colombia satanizar las iniciativas es una conducta consuetudinaria, habitualmente, antes de pasar por el Congreso de la República, escenario natural para deliberar y decidir, son puestas en el ágora de la opinión pública no con el objetivo de concertar o discernir, sino con propósitos políticos y electorales. Este tipo de polémicas niegan la realidad de las circunstancias. Según el Banco Mundial –BM–, en su informe Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, señala que, a pesar de las reformas tributarias en los últimos 20 años, el recaudo tributario en Colombia es menor frente a otros países de la región. Sin embargo, para revertir los precarios indicadores socioeconómicos inherentes a la atención de las necesidades de la población y para cubrir el déficit fiscal, se hace necesario cobrar impuestos con un instrumento controvertido llamado reforma tributaria.

El panorama fiscal, socioeconómico y tributario, invitan a reflexionar sin pasiones la exploración y explotación de gas en el país, por su agotamiento (reservas entre 7 y 8 años), sus usos domésticos, en vehículos e industriales. El contexto es cambiante, a veces, temerario, lo que obliga a ser muy cautelosos en cuanto a nuestra seguridad alimentaria y energética. Así mismo, con el rumbo de la renombrada transición energética orientada principalmente hacia la descarbonización. 

Este proceso lo entiende el mundo desarrollado para realizarlo gradualmente, así lo dejaron consignado en la COP26, Australia, India, Estados Unidos y China, que tienen alrededor de la mitad de las plantas de carbón en funcionamiento en todo el mundo, planean seguir construyendo y acordaron con otras naciones ricas dejar la energía del carbón para la década de 2030 y las más pobres para la de 2040. 

En Colombia se mantiene la expectativa por la reforma tributaria.

EL ASPECTO CLIMÁTICO

El cambio climático afecta a Colombia debido a su posición geográfica, pero nada tiene que ver con emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 en 2020 han sido de 90,252 megatoneladas, con lo que el país ocupa el puesto 144 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países. No somos un país generador de CO2, pero sí ocupamos un lugar importante en la exportación de carbón, incluso pese a la reducción de la producción cercana al 40%.  

La herencia de la pandemia del coronavirus, la situación geopolítica mundial y los amagos de recesión económica, logran inocular incertidumbre en el país. Ese contexto debe concienciar al gobierno del presidente Gustavo Petro, coalición de gobierno, oposición y ciudadanía, para comprender que el seis de agosto no éramos Suiza, tampoco desde el siete de agosto, seguimos siendo Colombia con nuestros problemas económicos, sociales, culturales y regionales. 

Por lo tanto, la discusión de la reforma tributaria debe tener tratamiento técnico y holístico, guardando coherencia con nuestras realidades socioeconómicas, el principio de progresividad y entendiendo que somos una economía deficitaria que no resiste más corrupción ni descuidos fiscales asociados a las utilidades y regalías con origen en el sector minero energético, sin soslayar la protección del medio ambiente ni los apremiantes de reconversión económica que Colombia debe asumir.  

POR LUIS ELQUIS DÍAZ/ESPECIAL PARA EL PILÓN