Por: Dario Arregoces

“Recuperar la confianza ciudadana” fue el pronunciamiento hecho por Zoraida Ávalos, la nueva fiscal del Perú, al momento de asumir el cargo y declarar en Estado de Emergencia al Ministerio Público. Como se recordará, Perú viene afrontando una ola de corrupción del más alto nivel, por los sobornos de Odebrecht, que le significó la renuncia al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y recientemente la del fiscal Pedro Chávarry, junto a la de otros dos fiscales supremos. Asimismo la fiscal Ávalos le ha declarado la guerra a la corrupción, y promete dedicar todos sus esfuerzos para llevar las investigaciones de los dos casos de corrupción más sonados de ese país, hasta sus últimas consecuencias.
Mientras que esto ocurre en el vecino país, aquí en Colombia los esfuerzos enderezados a declararle la guerra a la corrupción se evaporaron. Las iniciativas presentadas al Congreso, para su aprobación no llegaron a feliz término, porque sencillamente no tuvo dolientes en el gobierno Duque.
El fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre quien recaen serios indicios que lo involucran con los sobornos de Odebrecht y con la muerte del testigo clave, Jorge Enrique Pizano y la de su hijo Alejandro Pizano, sumada a la de Rafael Merchán, dieron lugar al nombramiento del abogado Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc, para que realice las pesquisas de rigor, pero personalmente no me hago muchas ilusiones, pues ya se sabe en lo que terminan las “investigaciones exhaustivas” sobre todo cuando hay gente poderosa untada, y el ungido investigador es bisoño en las lides del derecho penal. El director de Medicina Legal sorpresivamente renunció después de admitir que se equivocó en las declaraciones que rindió sobre el caso Pizano, y es de aclarar que hasta ese momento nadie ponía en tela de juicio la opinión del galeno Carlos Ernesto Valdez.
Así las cosas, el futuro de Colombia es incierto en lo que hace a la lucha contra la corrupción, y para colmo, la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, se comprometió a dar la pelea, pero una vez posesionada como vicepresidente optó por guardar silencio frente al tema, justo en un año político, donde cada candidato a la Alcaldía y a la Gobernación hará lo que sea para coronar su aspiración.
Es necesario recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones republicanas, pues por concepto de corrupción Colombia pierde anualmente la suma de 50 billones de pesos. Ese es el verdadero problema, el cual urge por una pronta solución, y así como vamos, vamos muy mal.